- Solo el 70 % de los corralones estaban regulados a finales de abril.
Irina Díaz
La titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte Estatal, Silvia Tanús Osorio, informó que se emitió un acuerdo que reduce hasta un 60 % las tarifas de grúas y corralones en Puebla con respecto a los cobros que se hacían en 2024, con el fin de “establecer cobros justos, claros y proporcionales”.
En rueda de prensa comentó que dentro de este acuerdo se eliminó el cobro por concepto de banderazo, arrastre, abanderamiento con grúa, abanderamiento manual y horas de custodia.
Ha sido un clamor general de cuando un vehículo llega a un corralón, no todos, pero las personas que los operan quieren cobrarles hasta 140 mil pesos, eso no es correcto”, dijo.
Mencionó que se estableció una clasificación de grúas para determinar el cobro, las cuales abarcan grúas tipo pluma de arrastre o salvamento y grúas tipo plataforma de arrastre o salvamento. Los cobros quedan de la siguiente forma:
- Arrastre o traslado de un vehículo por motivo de falta administrativa, infracción y accidente, los cobros van de 2 mil 500.39 pesos hasta los 7 mil 501.18 pesos.
- Arrastre o traslado de un vehículo por hechos delictivos va de los 7 mil 3.37 pesos hasta los 15 mil 2.36 pesos.
- Arrastre por maniobra de salvamento de un vehículo va de los 3 mil 999.50 pesos hasta los 20 mil 998.78 pesos.
Respecto al arrastre de motocicletas, el costo en cualquiera de las tres categorías anteriores va de los mil 499.11 pesos a los 4 mil 502.97 pesos según la grúa que se utilice.
Establecen cobros en corralones:
Sumado a esto, Tanús Osorio indicó que la cuota por el servicio de depósito de vehículos por día o fracción va de los mil 991 pesos para bicicletas y motocicletas, 63.50 pesos para automóviles, y de 269 pesos por el resguardo de tractocamiones con doble semirremolque, entre otros.
La funcionaria estatal aseguró que este acuerdo es el resultado de mesas de trabajo interinstitucionales con especialistas del sector, lo cual no vulnera el derecho de los concesionarios, sino que establece un equilibrio entre una prestación rentable y la protección del usuario final.
