Puebla, Pue.— Lo que comenzó como una denuncia en redes sociales por presunta negligencia médica se transformó en una investigación formal y el cierre total de una clínica particular en Puebla, encabezada por el médico Willebaldo Montiel Tizcareño, conocido en línea como el “Dr. Tizcareño”. Detrás de esta acción oficial está la historia de Silvia Flores, una paciente que vivió en carne propia los estragos de un sistema de salud privado desregulado y carente de ética profesional.
Silvia acudió en busca de atención médica y solo recibió mala atención. Invirtió más de 130 mil pesos en un paquete de atención médica privada que prometía seguridad, seguimiento y profesionalismo. Sin embargo, cuando llegó el momento del parto, el médico principal, identificado como Willebaldo Montiel Tizcareño, conocido en redes como “Dr. Tizcareño”, no estaba presente. La ausencia del especialista generó una cadena de retrasos y errores. Al llegar, lejos de tomar control de la situación, el médico no verificó el estado clínico ni de Silvia ni del bebé. La atención fue superficial y negligente. El resultado fue devastador: su bebé nació con signos graves de sufrimiento fetal y tuvo que ser reanimado de urgencia. La vida del recién nacido pendía de un hilo, mientras la familia, en estado de shock, enfrentaba la realidad de una clínica que, en palabras de la madre, “lucía más como un negocio que como una institución médica”.
Durante una inspección realizada tras esta queja, el lugar donde atendía fue clausurada por lo que empezaron las investigaciones a través de redes de la constancia de títulos y cédulas del personal médico.
El Dr. Tizcareño, lejos de ofrecer respuestas claras, publicó en sus redes sociales un mensaje que fue interpretado como irónico, lo que exacerbó la indignación pública, alegando que ha recibido “mensajes de odio” para él y para su padre, por lo que pidió atención del gobierno.
La suspensión de esta clínica pone sobre la mesa una urgente reflexión sobre la vigilancia médica en el estado y la necesidad de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido en condiciones dignas, seguras y humanas.
