Colectivas feministas denuncian barreras en el acceso al aborto legal en Puebla

• A un año de la despenalización del aborto en Puebla, organizaciones como CAFIS, Redefine, Católicas por el Derecho a Decidir y Red La Morada alertan sobre los obstáculos legales, médicos y sociales que enfrentan las mujeres y personas gestantes para ejercer su derecho.

En el marco del primer aniversario de la despenalización del aborto voluntario en Puebla, diversas colectivas que integran la Campaña por el Aborto Legal en Puebla, como CAFIS, Redefine, Red La Morada y Católicas por el Derecho a Decidir, ofrecieron una conferencia de prensa en la que señalaron las múltiples barreras que aún persisten para que mujeres y personas con capacidad de gestar accedan de forma libre, segura y sin discriminación a este derecho.

Pese a que el 15 de julio de 2024 el Congreso local aprobó la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta la semana 12 de gestación, las activistas advirtieron que el acceso sigue siendo limitado por una serie de factores institucionales, logísticos y sociales.

Falta de infraestructura y servicios médicos

Uno de los principales señalamientos es que actualmente el 90 % de los abortos legales se concentran en el Hospital de la Mujer en la capital del estado, lo que excluye a cientos de mujeres en municipios alejados. Además, apenas seis unidades de salud pública cuentan con personal capacitado para brindar el servicio, lo que genera una saturación y limita el acceso oportuno.

También se reporta desabasto de medicamentos esenciales y de equipos básicos como ultrasonidos. Muchas veces, las colectivas deben recurrir a donaciones de organizaciones internacionales para cubrir la demanda.

Estigma y violencia institucional

Las organizaciones denunciaron que el estigma hacia quienes solicitan una ILE y hacia el personal médico persiste. En algunos casos, incluso se ha documentado violencia institucional, como demoras deliberadas, malos tratos y omisiones en la atención. Asimismo, detectaron la operación de consultorios ilegales que se presentan como espacios feministas, pero ejercen violencia psicológica y presión para impedir la interrupción del embarazo.

Brechas entre la ley y la realidad

CAFIS informó que ha recibido más de 150 solicitudes de amparo para acceder al aborto en el último año, pero menos de la mitad de las personas logró concretarlo. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2024 se gestionaron más de 300 solicitudes, con apenas 22 procedimientos concluidos.

Además, aunque en 2024 se presentaron más de 700 denuncias por violación en el estado, solo se registraron 14 abortos legales por esta causal, lo que evidencia que menos del 10 % de las víctimas tiene acceso a este derecho.

Demandas urgentes al Congreso y autoridades de salud

Ante esta situación, las colectivas feministas exigen:

• Eliminar el aborto del Código Penal local, para evitar criminalización y estigmatización.

• Reformar la Ley Estatal de Salud, reconociendo el aborto como un servicio esencial.

• Descentralizar y fortalecer los servicios de salud en todo el estado.

• Capacitar de forma integral al personal médico y administrativo.

• Regular la objeción de conciencia médica, garantizando atención efectiva y sin prejuicios.

• Lanzar campañas informativas y educativas para erradicar el estigma social.

Las organizaciones recalcaron que la despenalización fue apenas el primer paso, pero que sin voluntad institucional y políticas públicas adecuadas, el acceso real y universal sigue siendo una deuda pendiente del Estado con los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes.