El homicidio del empresario de la construcción Efrén Neftalí “Talí” Adame García, ocurrido este 15 de noviembre en Marquelia, Guerrero, vuelve a exponer el deterioro de la seguridad en una región donde la violencia se ha vuelto parte del paisaje cotidiano. Adame, también dirigente local de la CTM e integrante de una familia con peso político en la Costa Chica, fue atacado a plena luz del día afuera de un negocio familiar. Los agresores huyeron sin obstáculos, dejando tras de sí un mensaje claro: en Guerrero, la presencia del Estado es cada vez más simbólica.
El crimen fue ejecutado en una zona concurrida, lo que revela una preocupante normalización de la violencia. Los responsables actuaron con absoluta certeza de que no serían detenidos, una señal que debería alarmar a autoridades municipales, estatales y federales. Que un empresario y líder sindical sea asesinado de manera tan abierta demuestra que la delincuencia no distingue entre civiles comunes y figuras públicas; todos están expuestos por igual ante la incapacidad institucional.
Las autoridades respondieron con el protocolo habitual: acordonamiento, levantamiento de indicios y anuncio de una investigación que, como suele ocurrir, podría quedar estancada. La Fiscalía de Guerrero enfrenta un descrédito profundo debido a la lentitud y opacidad de sus procesos, y este caso difícilmente será la excepción si no se rompe el patrón de impunidad que ha marcado a la región durante años.
La muerte de Adame García no solo enluta a una familia, sino que retrata la vulnerabilidad de quienes participan en actividades económicas estratégicas o cuentan con liderazgo local. En Guerrero, ser visible parece haberse convertido en un riesgo.
El asesinato exige una respuesta clara y contundente del Estado. No basta con abrir una carpeta de investigación: se requieren resultados, capturas y un plan real para recuperar el control en municipios donde la violencia opera sin freno. Cada crimen sin resolver alimenta un ciclo que ya se ha cobrado demasiadas vidas.
