Puebla, Pue.— Hasta una decena de notarías en el estado de Puebla se encuentran bajo investigación por su presunta relación con el llamado cártel del despojo, confirmó el coordinador del gabinete del gobierno estatal, José Luis García Parra, al referirse a una red que habría operado para despojar de inmuebles a propietarios legítimos mediante mecanismos legales irregulares.
En declaraciones recientes, el funcionario estatal señaló que las indagatorias apuntan a la posible participación de notarías que habrían validado o facilitado operaciones fraudulentas, como la escrituración de propiedades sin el consentimiento de los dueños o con documentación presuntamente apócrifa.
Se tiene identificado que hasta diez notarías podrían estar relacionadas con estos hechos, por lo que se está integrando la información correspondiente para proceder conforme a la ley”, expresó García Parra.
El denominado cártel del despojo ha sido documentado como un esquema de despojo inmobiliario que opera a través de la simulación de juicios, la suplantación de identidad y el uso indebido de instrumentos notariales, con el objetivo de transferir propiedades a terceros de manera ilegal. En varios casos, las víctimas se enteraron del despojo cuando sus inmuebles ya habían sido inscritos a nombre de otras personas.
De acuerdo con el gobierno estatal, las investigaciones no se limitan únicamente a notarías, sino que también analizan la posible colusión de otros actores del sistema legal y judicial, lo que ha encendido alertas sobre la necesidad de reforzar los controles y la vigilancia en los procesos de compraventa y escrituración de bienes inmuebles.
García Parra indicó que el gobierno de Puebla presentará las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes y que, de manera paralela, se trabaja en reformas legales, incluyendo ajustes a la Ley del Notariado y al Código Penal, para endurecer las sanciones contra quienes participen en este tipo de despojos.
Finalmente, las autoridades estatales reiteraron que el objetivo es garantizar la certeza jurídica del patrimonio de las familias poblanas, sancionar a quienes hayan incurrido en actos ilícitos y evitar que estas prácticas continúen afectando a la ciudadanía.
