Los incendios forestales que mantienen en catástrofe al sur de Chile tuvieron su origen al otro lado de la cordillera, en la provincia de Chubut, Argentina, específicamente en las localidades de El Hoyo y Epuyén. Desde ahí, el fuego se extendió con rapidez por la región patagónica, superando los esfuerzos de los bomberos voluntarios y dejando un saldo devastador de 19 personas muertas, miles de damnificados y extensas áreas naturales reducidas a cenizas.
Las llamas avanzaron impulsadas por condiciones climáticas extremas, como altas temperaturas, vientos intensos y una sequía prolongada, lo que facilitó su propagación hacia zonas rurales y forestales de difícil acceso. A pesar del trabajo de brigadistas y equipos de emergencia, la magnitud del incendio rebasó la capacidad de respuesta inicial, obligando a evacuaciones masivas y a la declaración de estados de emergencia.
En medio del desastre, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, acusó públicamente a comunidades mapuches de ser responsables de los incendios. Estas declaraciones fueron respaldadas por el gobierno federal argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, lo que generó una fuerte controversia a nivel nacional e internacional.
En respuesta, diversas organizaciones civiles y de derechos humanos emitieron un documento conjunto en el que rechazaron las afirmaciones del gobernador y denunciaron una campaña de criminalización y racismo contra los pueblos originarios. Los colectivos señalaron que estas acusaciones buscan desviar la atención de los factores estructurales que permitieron la expansión del fuego, como la falta de prevención, la ausencia de políticas ambientales efectivas y el debilitamiento de los servicios de emergencia.
Uno de los puntos más críticos señalados en el pronunciamiento es el recorte presupuestal a los bomberos. En 2025, la institución recibió apenas la mitad de los recursos destinados para su operación, como parte de la política de austeridad impulsada por el gabinete de Milei. Para 2026, además, se anunció un nuevo recorte del 53 por ciento, lo que dejó a los cuerpos de emergencia con recursos insuficientes para enfrentar incendios de esta magnitud.
Mientras el fuego continúa causando estragos, la tragedia ha puesto en evidencia no solo una crisis ambiental, sino también una crisis política y social en torno a la gestión de riesgos, el respeto a los pueblos originarios y el impacto de las decisiones económicas en la protección de la vida y el territorio.
