La falta de accesibilidad para personas con discapacidad volvió a evidenciarse en el municipio de Coronango, luego de que se denunciara que integrantes de la organización 28 de Octubre impidieron el libre acceso a un espacio público, afectando directamente a personas con movilidad reducida, adultos mayores y familias con carriolas.
De acuerdo con los señalamientos ciudadanos, la obstrucción se registró en una zona de uso común donde fueron colocados objetos y estructuras improvisadas que bloquean rampas y pasos diseñados —aunque de forma limitada— para facilitar el tránsito de personas con discapacidad. La situación generó inconformidad entre vecinos, quienes acusaron una omisión por parte de las autoridades municipales para garantizar el derecho a la movilidad y a la inclusión.
Especialistas en derechos humanos han subrayado que impedir el acceso a personas con discapacidad no es un asunto menor, sino una violación a derechos fundamentales, reconocidos tanto en la Constitución como en tratados internacionales firmados por México. La accesibilidad universal no es una concesión, sino una obligación del Estado y de quienes utilizan o administran espacios públicos.
Vecinos de Coronango señalaron que esta no es la primera vez que se presentan conflictos relacionados con el uso irregular de la vía pública. Aseguran que, pese a las quejas, no se ha establecido una estrategia clara para ordenar el espacio ni para sancionar prácticas que afectan a los sectores más vulnerables de la población.
La presencia de grupos que ejercen control de facto sobre áreas públicas también pone en evidencia la fragilidad de la autoridad municipal para hacer valer la ley. Para personas con discapacidad, estas omisiones se traducen en riesgos físicos, aislamiento social y limitaciones para acceder a servicios básicos.
Organizaciones civiles hicieron un llamado a las autoridades de Coronango para que intervengan de manera inmediata, retiren los obstáculos y establezcan mesas de diálogo que prioricen la inclusión. Subrayaron que una comunidad que excluye a quienes enfrentan mayores barreras no puede considerarse justa ni funcional.
El caso reabre el debate sobre la necesidad de políticas públicas firmes que garanticen el respeto al espacio público y a los derechos de todas las personas, sin excepciones ni privilegios.
