- Fiscalía presenta 38 pruebas por presunto desvío de 5 millones; juez fija audiencia clave el 17 de febrero.
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el delito de peculado, al acusarlo del presunto desvío de 5 millones de pesos de recursos públicos cuando encabezaba la administración estatal.
La audiencia inicial se celebró el 12 de febrero de 2026 en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, donde el Ministerio Público federal expuso al menos 38 datos de prueba para sustentar la imputación. De acuerdo con la acusación, los recursos habrían sido sustraídos de un fondo destinado a personas con discapacidad.
Durante la diligencia judicial, la representación social sostuvo que existen elementos suficientes para presumir la probable responsabilidad del exmandatario en el manejo irregular de fondos públicos, en un nuevo proceso que se suma a los antecedentes penales que enfrenta por hechos de corrupción.
Por su parte, la defensa rechazó las imputaciones. Diego Uriza, abogado de Javier Duarte, afirmó que no existen pruebas de que su cliente haya obtenido un beneficio económico directo ni que haya intervenido de manera indebida en la administración de los recursos señalados. Además, calificó como “curioso” que la medida de prisión preventiva surja a dos meses de que el exgobernador pudiera alcanzar su liberación.
Ante la solicitud de la defensa para ampliar el término constitucional, el juez determinó que será el próximo martes 17 de febrero cuando se defina la situación jurídica del exmandatario, es decir, si es vinculado o no a proceso por este nuevo cargo.
En caso de que el órgano jurisdiccional determine su vinculación a proceso por el delito de peculado, Duarte podría enfrentar una pena adicional de entre 2 y 14 años de prisión, lo que ampliaría su horizonte legal en materia penal.
El caso vuelve a colocar en el centro del debate nacional la agenda de combate a la corrupción y el uso de recursos públicos, particularmente en un contexto donde las autoridades federales han reiterado su política de cero impunidad en delitos relacionados con el erario y la administración gubernamental.
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