Operativos por rancho Izaguirre dejan 47 detenidos y temas por resolver

• El gobierno federal confirmó avances en la investigación del rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, donde autoridades detectaron un centro presuntamente utilizado por el crimen organizado para reclutamiento y adiestramiento. Durante la conferencia matutina, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que hasta el momento hay 47 personas detenidas vinculadas con el caso, mientras continúan las indagatorias para identificar a más responsables y esclarecer lo ocurrido en el predio señalado por colectivos de búsqueda.

Ciudad de México,-El caso del rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, continúa generando repercusiones en el ámbito nacional luego de que autoridades federales confirmaran nuevos avances en la investigación sobre las actividades delictivas que presuntamente se realizaban en ese lugar.

Durante la conferencia matutina del gobierno federal, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que hasta ahora suman 47 personas detenidas relacionadas con las operaciones del predio, considerado por las autoridades como un punto de reclutamiento y entrenamiento de grupos criminales.

El funcionario detalló que las capturas derivan de diversas operaciones realizadas por fuerzas federales y estatales, además de trabajos de inteligencia que permitieron identificar a presuntos responsables de las actividades ilícitas vinculadas con el sitio.

Asimismo, precisó que existen más órdenes de aprehensión en proceso, por lo que el número de detenidos podría aumentar conforme avancen las investigaciones y se ejecuten los mandatos judiciales pendientes.

Harfuch subrayó que el caso continúa bajo coordinación de instancias federales, con participación de corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales que trabajan en el procesamiento de evidencias localizadas en el rancho.

Investigación federal y hallazgos en el rancho

El predio conocido como Rancho Izaguirre fue identificado por autoridades y colectivos de búsqueda como un lugar presuntamente utilizado por el crimen organizado para el reclutamiento forzado y entrenamiento de personas, muchas de ellas jóvenes.

En el sitio se han localizado diversos indicios, entre ellos prendas de vestir, calzado y otros objetos personales que podrían estar relacionados con personas desaparecidas, lo que llevó a ampliar las diligencias periciales en el lugar.

Las investigaciones han incluido la revisión de estructuras dentro del rancho, así como el análisis forense de restos y objetos encontrados durante los operativos realizados por autoridades federales y estatales.

El caso cobró relevancia nacional tras los señalamientos de colectivos de búsqueda que alertaron sobre la posible utilización del predio como espacio para actividades criminales.

A partir de esos hallazgos, las autoridades iniciaron una serie de operativos que derivaron en detenciones y en el aseguramiento del lugar para continuar con las investigaciones.

Postura del gobierno federal en la conferencia matutina

En la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad reiteró que el gobierno federal mantiene como prioridad el esclarecimiento de los hechos y la identificación de todos los involucrados en las operaciones delictivas relacionadas con el rancho.

Durante la presentación del informe, Harfuch explicó que el trabajo de investigación incluye análisis de redes criminales, seguimiento de rutas de traslado y verificación de denuncias, con el objetivo de determinar el alcance de las actividades que se realizaban en el predio.

El funcionario indicó que los avances obtenidos hasta ahora son resultado de operativos coordinados entre fuerzas federales y autoridades estatales, además de la colaboración con instancias ministeriales.

También se informó que los trabajos periciales continúan en el lugar para determinar con precisión el uso que se le daba al rancho y establecer posibles vínculos con otros hechos delictivos.

Las autoridades federales reiteraron que las investigaciones seguirán abiertas hasta agotar todas las líneas relacionadas con el reclutamiento y entrenamiento presuntamente realizado en el sitio.

Acciones del gobierno de Jalisco y postura del gobernador

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que su administración implementa diversas acciones para reducir el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos delictivos, uno de los fenómenos asociados con casos como el del rancho Izaguirre.

Entre las medidas anunciadas se encuentran operativos de vigilancia en centrales camioneras del estado, con el objetivo de detectar posibles traslados de personas que pudieran estar siendo captadas por organizaciones criminales.

El mandatario estatal señaló que estos operativos han permitido reforzar los filtros de seguridad en terminales de transporte, lo que ha contribuido a identificar movimientos sospechosos.

“Nos ha ayudado significativamente en el traslado de estas personas en las centrales camioneras”, manifestó el gobernador al referirse a los controles implementados en dichos puntos.

Asimismo, el gobierno estatal mantiene coordinación con autoridades federales para fortalecer las estrategias destinadas a prevenir el reclutamiento de jóvenes en la región.

Recomendación de la CNDH y diálogo con colectivos

El gobernador también se pronunció respecto a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso del rancho Izaguirre.

Lemus aseguró que su administración aceptará la recomendación del organismo para continuar con las investigaciones y revisar las actuaciones realizadas en torno al caso.

El mandatario indicó que se buscará fortalecer el diálogo con colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas que han seguido de cerca el proceso de investigación.

Además, expresó su disposición a ofrecer disculpas públicas de manera personal, en caso de que las investigaciones determinen responsabilidades institucionales.

El caso del rancho Izaguirre continúa bajo investigación mientras autoridades federales y estatales mantienen operativos y diligencias para esclarecer las actividades que presuntamente se desarrollaban en el predio y determinar la responsabilidad de quienes participaron en ellas.