- Reforma propone tope de 70 mil pesos mensuales a jubilaciones.
Las comisiones del Senado de la República aprobaron por unanimidad una reforma que busca eliminar las llamadas “pensiones doradas” que reciben algunos exfuncionarios públicos, con el objetivo de establecer límites más estrictos a los montos de jubilación en el servicio público.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalada en sesión conjunta por la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, donde obtuvo 32 votos a favor, cero abstenciones y ningún voto en contra.
La propuesta plantea modificar el Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el propósito de establecer un límite claro a las jubilaciones y pensiones que reciben funcionarios del sector público, particularmente del ámbito paraestatal.
De acuerdo con el proyecto de reforma, se propone fijar un tope máximo de 70 mil pesos mensuales para las pensiones y jubilaciones de estos servidores públicos, medida que busca evitar que algunos exfuncionarios continúen percibiendo ingresos muy elevados tras concluir sus cargos.
Los legisladores que respaldaron el dictamen señalaron que la intención es garantizar que el sistema de pensiones del sector público se rija por principios de austeridad, equidad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
Durante el análisis de la iniciativa, senadores coincidieron en que durante años han existido beneficios considerados excesivos para algunos exservidores públicos, situación que ha generado críticas por representar privilegios frente a la realidad económica de gran parte de la población.
Asimismo, destacaron que la reforma busca fortalecer la transparencia y el uso responsable del presupuesto, permitiendo que los recursos públicos se destinen a programas y acciones que beneficien de manera directa a la ciudadanía.
Tras su aprobación en comisiones del Senado, el dictamen será enviado a la Cámara de Diputados de México, donde deberá ser discutido y votado para continuar con el proceso legislativo correspondiente antes de su posible entrada en vigor.
