Avala Congreso del Estado reformas para fomentar la responsabilidad social empresarial

• En sesión pública ordinaria se avalaron iniciativas en materia de asuntos municipales, desarrollo económico y turismo.

El Pleno del Congreso del Estado avaló el dictamen que presentó la Comisión de Desarrollo Económico para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla, con el propósito de incorporar el término “responsabilidad social empresarial” en el ordenamiento legal.

Se pretende promover la adopción voluntaria de estándares empresariales superiores a los establecidos en materia ambiental, productiva y social, así como impulsar la responsabilidad social empresarial como parte de las estrategias de coordinación y participación para el desarrollo económico sustentable.

En su intervención, la diputada Beatriz Manrique Guevara señaló la importancia de que más empresas en la entidad incluyan este tipo de políticas de gobernanza, en donde todas y todos aporten algo a favor del desarrollo y el bienestar social.

Asimismo, el Congreso del Estado aprobó el dictamen que presentó la Comisión de Asuntos Municipales para reformar la fracción II del artículo 56 de la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de armonizar y actualizar la redacción del ordenamiento legal con el marco jurídico del Sistema de Justicia Penal Acusatorio vigente, utilizando terminología actualmente reconocida en el marco constitucional.

El diputado Julio Miguel Huerta Gómez señaló que el dictamen sustituye referencias propias del sistema penal anterior, como la clasificación de delitos graves, por la de “delitos que ameritan prisión preventiva”, así como el término auto de formal prisión por “auto de vinculación a proceso”, particularmente en el capítulo relativo a la instalación del Ayuntamiento, con la finalidad de evitar incertidumbre normativa y abrir la puerta para que personas con conductas antisociales participen en cargos de representación popular.

Por otra parte, las y los diputados de la LXII Legislatura aprobaron el dictamen que presentó la Comisión de Turismo para reformar y adicionar la Ley de Turismo del Estado de Puebla, con la finalidad de incorporar en el marco normativo la figura del Consejo Municipal de Turismo, con el objetivo de que coordine, proponga y formule estrategias y acciones de la Administración Pública Municipal que permitan lograr un desarrollo integral de la actividad turística.

Lo anterior permitirá garantizar el desarrollo turístico en todas las regiones del estado, y no solamente en aquellos destinos que ya se encuentran consolidados en esta materia, consideró la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala.

Para este fin, se reforma la fracción V del artículo 18 y se adiciona la fracción IV Bis al artículo 3 de la Ley de Turismo del Estado de Puebla.

También el Congreso del Estado avaló el acuerdo que presentó la Comisión de Asuntos Municipales para exhortar a los ayuntamientos y a los concejos municipales del estado a fortalecer la vigilancia para prevenir y sancionar la obstrucción o apartado indebido de la vía pública para estacionamiento vehicular, con especial énfasis en las zonas donde operen parquímetros o sistemas de estacionamiento rotativo. La finalidad es garantizar la movilidad, el libre tránsito, el orden público y el aprovechamiento equitativo del espacio público.

Durante el desarrollo de la sesión, la diputada Elisa Limón Balderrabano presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación, la Ley de Educación Superior y la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre otros ordenamientos legales del Estado de Puebla, en materia de certificación de competencias lingüísticas en lenguas indígenas y Lengua de Señas Mexicana.

La propuesta busca propiciar que las personas hablantes de lenguas indígenas y las personas usuarias de Lengua de Señas Mexicana puedan interactuar con las instituciones públicas en condiciones de mayor igualdad, favoreciendo la eliminación de barreras lingüísticas y comunicativas que, en la práctica, pueden limitar el acceso efectivo a derechos fundamentales.