- La iniciativa federal plantea reducir cabildos, ajustar presupuesto legislativo y cambiar dinámica política local.
La propuesta del Plan B impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo perfila un rediseño institucional que tendría efectos directos en Puebla, particularmente en la integración de los ayuntamientos, el gasto público y la competencia política.
En este sentido, Puebla tendría ajustes, donde el Cabildo pasaría de 23 a un máximo de 15 regidores, lo que implicaría la desaparición de hasta ocho posiciones. Este ajuste forma parte de un esquema nacional que busca homologar el tamaño de los órganos municipales en función de la población, bajo criterios de austeridad y eficiencia administrativa.
La reducción no solo modificaría la estructura del gobierno local, sino también la representación política al interior del Ayuntamiento, al disminuir espacios para fuerzas partidistas y reconfigurar los equilibrios en la toma de decisiones.
En el ámbito presupuestal, la iniciativa contempla establecer un tope de 0.70 por ciento del gasto estatal para los congresos locales. En el caso de Puebla, esto implicaría mantener o ajustar el presupuesto del Poder Legislativo dentro de ese margen, con el argumento de redirigir recursos hacia obra pública y programas sociales.
A la par, la reforma plantea limitar salarios y prestaciones en organismos electorales, al establecer que ningún funcionario podrá percibir ingresos superiores a los de la titular del Ejecutivo federal. Esta medida impactaría indirectamente la operación de las instituciones electorales en la entidad.
Otro componente relevante es el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana, como la revocación de mandato, lo que abriría la posibilidad de evaluar la continuidad de autoridades en funciones a mitad de sus periodos, modificando los incentivos políticos tanto a nivel estatal como municipal.
