- La propuesta no solo endurece las penas de manera histórica, sino que obliga a las autoridades a fortalecer las investigaciones.
- Toda muerte violenta de una mujer deberá ser investigada, desde el primer minuto, bajo el protocolo de feminicidio.
CIUDAD DE PUEBLA – En sintonía con la estrategia de seguridad y justicia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel federal, el Congreso de Puebla recibió este jueves la iniciativa para expedir la Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño en el Delito de Feminicidio. La propuesta no solo endurece las penas de manera histórica, sino que obliga a las autoridades a eliminar cualquier margen de duda en las investigaciones de muertes violentas de mujeres.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, diputadas de diversos bloques parlamentarios presentaron este nuevo marco jurídico que busca erradicar la impunidad. La diputada Norma Pimentel Méndez (PVEM) fue clara al señalar que el feminicidio es la “expresión más brutal de una violencia estructural”, justificando así la necesidad de una ruta de justicia infalible.
La iniciativa establece un esquema de sanciones que busca desincentivar la violencia de género mediante la máxima severidad penal:
– Pena base: Se proponen de 30 a 70 años de cárcel por el delito de feminicidio.
– Agravantes al límite: El castigo escalará hasta los 100 años si la víctima pertenece a grupos vulnerables (niñas, adolescentes, adultas mayores, embarazadas o personas con discapacidad).
– Otros agravantes: También se aplicará la pena máxima si el crimen se comete frente a menores de edad o se utilizan armas blancas o de fuego.
Para evitar que fallas técnicas en la integración de expedientes permitan a los agresores recibir sentencias por delitos menores, la ley establece una nueva obligatoriedad:
Toda muerte violenta de una mujer deberá ser investigada, desde el primer minuto, bajo el protocolo de feminicidio.
Con esta medida, se busca cerrar el paso a las reclasificaciones de delitos que suelen favorecer a los victimarios durante el proceso judicial.
Siguiendo el enfoque de reparación del daño, la propuesta pone a los menores de edad que pierden a su madre como prioridad absoluta del Estado:
– Atención inmediata: Garantía de protección física, médica y psicológica tras el suceso.
– Acompañamiento: Medidas para asegurar que las víctimas colaterales no queden en el abandono tras la pérdida de su principal red de apoyo.
