- Dirigencia estatal plantea reforzar controles internos rumbo al proceso electoral de 2027, aunque admite que ningún mecanismo partidista garantiza blindaje total.
Puebla, Pue.-La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla reconoció que actualmente no existe un filtro interno completamente eficaz para impedir que aspirantes con posibles vínculos con el crimen organizado accedan a candidaturas, aunque aseguró que el instituto político trabaja en el fortalecimiento de mecanismos de revisión rumbo al proceso electoral de 2027.
La presidenta del Comité Directivo Estatal, Xitlalic Ceja García, señaló que los partidos políticos enfrentan limitaciones legales y operativas para verificar antecedentes de aspirantes, ya que la información disponible institucionalmente solo permite identificar sentencias firmes, pero no investigaciones en curso ni posibles vínculos indirectos con estructuras delictivas.
En este contexto, explicó que las cartas de antecedentes no penales no constituyen un instrumento definitivo para descartar riesgos, por lo que ningún partido puede garantizar un blindaje absoluto en la selección de perfiles.
No obstante, el PRI en Puebla adelantó que buscará reforzar sus controles internos mediante la implementación de medidas adicionales como la presentación obligatoria de la declaración patrimonial, fiscal y de intereses (3 de 3), así como evaluaciones toxicológicas, revisiones documentales y mecanismos de verificación institucional.
De manera paralela, la diputada local Delfina Pozos Vergara impulsó la propuesta de aplicar pruebas antidoping y evaluaciones similares a las utilizadas en corporaciones de seguridad a quienes aspiren a cargos de elección popular, con el objetivo de reducir riesgos de infiltración del crimen organizado en estructuras políticas.
Además, antecedentes de procesos electorales anteriores en distintos municipios del estado han evidenciado casos en los que candidatos fueron posteriormente relacionados con investigaciones criminales, lo que reactivó el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control partidista.
