Sobrino del gobernador levanta la mano por alcaldía de Izúcar de Matamoros

• Alejandro Armenta Rosas, lanzó un mensaje que ha sido leído como un “destape”.

IZÚCAR DE MATAMOROS – Alejandro Armenta Rosas, sobrino del actual gobernador Alejandro Armenta Mier, ha encendido el debate público tras una publicación que muchos interpretan como su primer paso formal hacia la alcaldía de Izúcar de Matamoros.
Bajo la consigna de que “amar Izúcar es comprometerse con su futuro”, Alejandro Armenta Rosas, estratega digital, lanzó un mensaje en sus redes sociales que ha sido leído como un “destape” prematuro.

Su interés por gobernar la tierra de origen de la familia Armenta ocurre en un contexto de vigilancia sobre las sucesiones familiares en el poder.
El joven, quien ha mantenido un perfil activo en la promoción de los ideales de Morena, utilizó sus plataformas para conectar con la identidad izucarense:

“Izúcar no es solo un lugar… es raíz, es historia, es corazón”, escribió, añadiendo que “hay mucho por hacer”, una frase que en el argot político poblano suele anteceder al lanzamiento de una candidatura.

Más allá de su parentesco, Armenta Rosas cuenta con experiencia técnica tras haber colaborado en el equipo de transición del hoy mandatario estatal.

El fantasma del nepotismo

El posible registro de “Alex” Armenta para el 2027 revive la controversia sobre la Ley Antinepotismo aprobada recientemente. Aunque la legislación es clara en sus restricciones, el caso presenta matices jurídicos. Aunado a que el propio gobernador ha señalado que nadie que sea su pariente podrá contender

ofrezco disculpas a mis primos, a mis familiares, a los familiares Armenta y a los familiares Mier, porque la ley les impide participar políticamente. Es muy claro: el nepotismo está cancelado en la vida política, por lo menos en 2027 y 2030. Ningún familiar Mier, ningún familiar Armenta pueden participar en procesos electorales”.

Las reformas prohíben que servidores públicos impulsen a familiares (hasta el cuarto grado) para los mismos cargos de elección popular en el periodo inmediato.

Legalmente, la obligatoriedad de la ley inicia en 2030. Sin embargo, Morena ha establecido un acuerdo político interno para aplicar estos principios de manera ética desde los procesos actuales para evitar la percepción de “maximatos” locales.