Feminicida de Karla López cumplirá condena de 76 años con medidas cautelares

• El caso reavivó cuestionamientos sobre el sistema judicial tras posible liberación del responsable.

La posible liberación o modificación de medidas cautelares de Manuel Forcelledo Nader, sentenciado por el feminicidio de Karla López Albert, volvió a colocar el caso en el centro de la discusión pública en Puebla, luego de que trascendieran beneficios legales obtenidos por el condenado pese a la sentencia de 76 años de prisión emitida en 2021.

El caso de Karla López Albert es considerado uno de los feminicidios más mediáticos registrados en la entidad durante la última década. La joven de 31 años, quien además se encontraba embarazada, fue asesinada en 2014 y posteriormente localizada sin vida dentro de su vehículo en la alcaldía Tláhuac, en Ciudad de México.

Las investigaciones ministeriales señalaron a Manuel Forcelledo Nader, entonces pareja sentimental de la víctima, como autor intelectual del crimen. De acuerdo con las indagatorias, el móvil estaría relacionado con la negativa del acusado para asumir la paternidad del bebé que esperaba Karla.

Tras varios años de litigios, recursos legales y aplazamientos judiciales, en mayo de 2021 un juez dictó sentencia condenatoria por los delitos de feminicidio, aborto y violación equiparada. La pena acumulada alcanzó 76 años de prisión, además de la reparación del daño a favor de la familia de la víctima.

Sin embargo, recientemente comenzó a circular información sobre presuntos beneficios legales concedidos al sentenciado, situación que provocó reacciones de colectivos feministas y usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron el actuar de las autoridades judiciales en un caso considerado emblemático en Puebla.

El término “cochupo” comenzó a viralizarse en plataformas digitales ante señalamientos de posibles irregularidades o acuerdos dentro del proceso judicial. Hasta el momento, autoridades no han emitido una postura detallada sobre el alcance de los beneficios concedidos ni sobre una eventual liberación definitiva.

La familia de Karla López Albert mantuvo durante años una exigencia constante de justicia debido a la duración del proceso penal y a los recursos promovidos por la defensa del acusado, los cuales retrasaron la sentencia por más de siete años.