Armenta envía iniciativa para recortar presupuesto a ayuntamientos, diputados y pensiones

•  El objetivo central es armonizar el marco jurídico local con las recientes reformas federales.

El gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, envió al Congreso de Puebla una iniciativa de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado. El objetivo central es armonizar el marco jurídico local con las recientes reformas federales en materia municipal, de disciplina presupuestaria, y de racionalidad en pensiones y jubilaciones del servicio público.

El documento —enviado el pasado 26 de mayo — urge a la LXII Legislatura a aprobar estas modificaciones debido a que los decretos federales imponen el 30 de mayo de 2026 como fecha límite perentoria para su adecuación a nivel estatal.

La propuesta de armonización introduce cambios de gran calado en la conformación de los gobiernos locales a partir del artículo 115 federa.

Los Ayuntamientos se integrarán por un Presidente o Presidenta Municipal, una sindicatura y hasta un máximo de quince regidurías.

– Paridad de género: Se obliga a cumplir con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso.

– Freno al nepotismo: Queda estrictamente prohibida la participación en procesos de elección municipal a personas que tengan vínculos de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco (consanguíneo, civil o por afinidad) con el titular del cargo en funciones dentro de los tres años anteriores.

– Destino de los ahorros: La iniciativa contempla que las economías y ahorros que deriven de la reducción de regidurías y topes presupuestales se quedarán en la hacienda de cada municipio, orientados obligatoriamente a obras de infraestructura pública bajo criterios de austeridad.

En cumplimiento a las modificaciones del artículo 116 de la Carta Magna federal, el proyecto de Armenta Mier mete la tijera al presupuesto del Poder Legislativo poblano. Se establece explícitamente que el presupuesto anual del Congreso de Puebla no podrá exceder del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos total de la entidad federativa.

Asimismo, el Congreso local estará obligado a garantizar los principios de paridad e igualdad sustantiva en su propia integración y funcionamiento interno.

• Tope a pensiones y jubilaciones doradas

Derivado del decreto federal del 10 de abril de 2026, la iniciativa pone un freno a las pensiones excesivas en el sector público de confianza:

El tope imperativo para jubilaciones o pensiones de las entidades públicas no deberá exceder el equivalente a la mitad de la remuneración establecida para el titular del Ejecutivo Federal y para el Gobernador del Estado.

Esta regla aplicará de manera estricta para el personal de confianza de organismos descentralizados, fideicomisos públicos, comisiones y empresas de participación estatal o municipal mayoritaria.

Se aclara que la medida respetará plenamente los derechos laborales legalmente adquiridos.

*Regulación a órganos electorales y magistrados*

El documento también detalla restricciones en las prestaciones de los servidores públicos de los tribunales e instituciones electorales:

– Prohibición de privilegios: Los Consejeros Electorales, magistrados del Tribunal Electoral del Estado y directivos administrativos no podrán adquirir ni contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos mayores, de vida, pensiones privadas, cajas de ahorro especiales o seguros de separación individualizados.

– Tribunal de Justicia Administrativa: Se clarifica que las y los magistrados de este tribunal durarán en su encargo quince años improrrogables y se alinearán estrictamente al marco general de remuneraciones del Estado para evitar interpretaciones que vulneren la igualdad frente al resto de los funcionarios públicos.

Finalmente, la iniciativa del Ejecutivo introduce la “Bioética Social” y el “Humanismo” como principios rectores obligatorios de la actividad gubernamental. Con esto, se mandata que la administración pública centralizada y paraestatal oriente la asignación de recursos y el diseño de políticas públicas (en salud, medio ambiente y trabajo) bajo criterios de justicia intergeneracional, solidaridad y equilibrio del entorno natural.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y eventual aprobación.