No es por asustar a nadie, pero en Puebla las alarmas ya no solo deberían sonar en los ductos de combustible. Hay un nuevo botín en el radar del crimen organizado, uno que no es inflamable pero sí vital, y cuyas redes criminales están operando con una impunidad que estremece.
Hablamos del “huachicol del agua”.
Durante años, las administraciones estatales han empleado recursos, discursos y estrategias para frenar la extracción ilegal de hidrocarburos.
Hoy, mientras el ojo público sigue distraído, verdaderas mafias han mutado el negocio: ya no rompen ductos de Pemex, ahora ordeñan la infraestructura hidráulica y perforan pozos clandestinos frente todos.
El modus operandi es tan redondo como perverso. Estas bandas obtienen el recurso completamente gratis y, aprovechándose de la crisis hídrica y del tandeo irregular que sufren decenas de colonias, llenan pipas que luego revenden en 500, 800 o más de mil pesos lucrando con la sed, literal y económicamente.
Su mercado cautivo son, irónicamente, las familias más vulnerables; aquellas a las que el Estado les ha fallado en garantizar el suministro básico.
El reciente golpe en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan —específicamente en la colonia Santa María La Rivera— desnudó la escalada de este delito. No estábamos ante una toma clandestina improvisada para un jardín. Las autoridades federales y estatales desmantelaron una infraestructura criminal de carga rápida que robaba nada más y nada menos que 3.5 millones de litros diarios a través de un pozo sin concesión.
Para dimensionar el despojo: esos 40 litros por segundo que se llevaban cuatro detenidos en diez pipas aseguradas, es el agua que pudo haber abastecido a unas 35 mil personas en la capital poblana.
La respuesta institucional ha comenzado a asomarse en el Congreso del Estado por la iniciativa para reformar el Código Penal y castigar este delito con hasta 15 años de prisión —especialmente cuando hay funcionarios públicos involucrados haciendo de la vista gorda— es un paso necesario. Sin embargo, endurecer las penas en el papel no servirá de nada si la fiscalización en campo sigue siendo ciega.
El agua se nos está yendo de las manos y terminando en las cuentas bancarias del crimen organizado. Si las autoridades en Puebla no asumen que el “huachicol del agua” es ya una amenaza de seguridad pública y un atentado directo al derecho humano más elemental, muy pronto la escasez ya no será culpa del clima, sino de la delincuencia.
Hasta entonces…
Ana Celia Lara
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