- La SEP federal notificó que el modelo de educación militarizada no está reconocido dentro del Sistema Educativo Nacional.
El gobernador de Puebla Alejandro Armenta Mier afirmó que el caso de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza (AMIZ) se atenderá con apego a la ley y cumpliendo los procedimientos establecidos, luego de que la Secretaría de Educación Pública federal notificó observaciones a la institución.
Hay un procedimiento, debemos decir que la ley la debemos cumplir todos, si hay una disposición que prohíbe que exista una escuela de formación militarizada se tiene que proceder, tengo entendido que es una escuela que tiene preescolar, primaria, secundaria y bachiller”, dijo.
En entrevista comentó que de todos los niveles educativos de la institución, el bachillerato es donde se tienen las principales observaciones, sin embargo, “nosotros acatamos la ley pero todas las instituciones tienen procedimientos, si no se siguen los procedimientos se violenta la ley”.
Por su parte, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, informó que la AMIZ tiene un plazo de cinco días para atender los requerimientos de la autoridad educativa, por lo que no será clausurada por el momento.
La SEP a través del área jurídica fueron a notificar para que la academia atienda las observaciones y los requerimientos”, explicó Aguilar Pala, al precisar que se trata de un procedimiento administrativo que debe agotarse antes de cualquier determinación definitiva.
La institución, ubicada en 17 Norte número 5 en el Centro Histórico de Puebla, cuenta con 16 años de funcionamiento y es la única de su tipo en el estado bajo la denominación de academia militarizada. Imparte niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, siendo este último nivel donde se concentran las principales observaciones de la autoridad federal.
SEP Federal pidió suspender labores en la AMIZ
La SEP federal notificó formalmente el pasado 27 de julio a la SEP estatal que el modelo de educación militarizada no está reconocido dentro del Sistema Educativo Nacional, al considerar que este tipo de programas podrían implicar posibles violaciones a los derechos humanos contra la comunidad escolar.
La determinación inicial contemplaba que “la academia no podría recibir alumnos para el ciclo escolar 2026-2027” y que debería suspender de manera inmediata sus funciones.
Dentro de las medidas previstas, la dependencia federal instruyó que los alumnos de todos los niveles fueran incorporados a otros planteles para garantizar la continuidad de sus estudios, que la institución entregara documentos y certificados de estudio correspondientes al último ciclo y que, en caso de haber cobrado pagos por concepto de reinscripción, realizara el reembolso a los padres de familia.
El anuncio fue realizado por Eurípides Flores Pacheco, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP federal, durante su visita a Puebla. El funcionario explicó que el secretario de Educación estatal, Manuel Viveros Narciso, ya había iniciado las gestiones para ejecutar la suspensión, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la autoridad educativa local.
La revisión nacional de este tipo de planteles se intensificó tras la muerte de la menor Dafne Zapata, quien falleció tras participar en actividades organizadas por una academia militarizada en Tamaulipas. El caso generó un amplio debate público sobre el funcionamiento de estas instituciones, la supervisión de sus programas de formación y las condiciones de seguridad para los menores.
A partir de ese hecho, la SEP federal inició una revisión en todo el país para identificar planteles que operan bajo un esquema militarizado y determinar si cumplen con la normatividad vigente.
En Puebla, la AMIZ es la única identificada bajo esa denominación. Tras el anuncio de su posible cierre definitivo, padres de familia de alumnos de distintos niveles se manifestaron afuera de las instalaciones para pedir que no fuera clausurada.
Argumentaron la trayectoria de 16 años de la institución, la formación disciplinaria que reciben sus hijos y la necesidad de garantizar la continuidad educativa sin afectar el ciclo escolar que está por iniciar.
Con el plazo de cinco días otorgado por la Secretaría de Gobernación, la academia podrá solventar las observaciones y presentar la documentación requerida ante el área jurídica de la SEP, mientras se define si podrá continuar operando bajo un modelo ajustado a la normativa educativa nacional.
