- Fraudes con apartados de 50 mil pesos y despojos con documentos falsos operan en zonas de alta plusvalía.
Puebla registró mil 162 denuncias por despojo inmobiliario entre enero y septiembre de 2025, de acuerdo con la Asociación para la Defensa y Apoyo al Gremio Inmobiliario (ADAGI). La cifra equivale a cuatro casos al día y 129 al mes.
En entrevista la presidenta de la organización, Carolina León, advirtió que ese número no incluye los fraudes inmobiliarios, un delito que la Fiscalía contabiliza dentro del rubro general de fraude, por lo que no hay un desglose exacto, aunque en el gremio estiman que es más numeroso que el despojo.
Aunque no hay estadísticas oficiales de 2026, el sector percibe un incremento en ambos delitos, con estructuras cada vez más sofisticadas.
La dirigente explicó que el despojo ocurre cuando se priva a una persona de su vivienda con fuerza, de forma furtiva o mediante engaños para arrebatarle la posesión. Detalló que actualmente se sanciona con penas de 5 a 15 años de prisión y recordó que en febrero de 2026 el Ejecutivo estatal propuso elevar la sanción máxima a 15 años para inhibir esta práctica.
En los últimos dos años, añadió, este ilícito se ha profesionalizado con el uso de documentos falsos, supuestos propietarios y, en algunos casos, el acompañamiento de cuerpos de seguridad.
El fraude, por su parte, opera de forma distinta. De acuerdo con ADAGI, se colocan anuncios de casas en venta o renta con precios por debajo del mercado en zonas de alta demanda. Tras mostrar el inmueble, los supuestos asesores solicitan un apartado de 50 mil pesos.
Las víctimas realizan transferencias a cuentas personales o tarjetas de crédito y después el contacto desaparece sin entregar documentación válida. El perfil más afectado son familias que buscan su primera vivienda y migrantes que regresan a invertir en Puebla.
Municipios con más fraudes inmobiliarios:
La organización ubica esta operación en todo el estado, pero con mayor incidencia donde hay mayor plusvalía: Atlixco, San Andrés y San Pedro Cholula, Lomas de Angelópolis, Huejotzingo y Cuautlancingo. También hay casos en la venta irregular de terrenos en faldas del Popocatépetl, con predios ejidales o en zona de riesgo sin certeza jurídica.
En la mayoría de los expedientes, quien ofrece el inmueble no es el propietario legal, sino un poseedor que presenta constancias de posesión sin escritura pública.
León aclaró que no son empresas inmobiliarias formales las responsables, sino particulares que operan en red, con dobles partidas en el Registro Público de la Propiedad y presunta colusión de algunos notarios que validan documentos apócrifos y de personal de juzgados que facilita juicios simulados para adjudicarse propiedades.
Los grupos más vulnerables son menores de edad que reciben inmuebles en herencia y adultos mayores, a quienes les falsifican firmas o presionan para vender por debajo del valor comercial.
Respecto a un posible vínculo con el crimen organizado, señaló que por la violencia y el nivel de organización no se descarta, aunque no existen denuncias formales que lo acrediten.
Proponen crear un padrón:
Para contener la problemática, ADAGI impulsa desde 2024 una Ley Inmobiliaria en el Congreso del Estado que plantea crear un padrón estatal de asesores certificados, regulados por Profeco y la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo. El proyecto contempla multas, retiro de licencia y reparación del daño.
Mientras se aprueba, la recomendación es verificar que el asesor esté certificado, dado de alta en el SAT, con oficina fija, exigir escrituras y boleta predial, y no entregar efectivo ni apartados sin contrato.
