Detienen a dos personas por presunta extorsión en Coronango, Puebla
Elementos de la Policía Municipal de Coronango, Puebla, detuvieron a Nathalia Andrea “N.” y Arnold Esneyder “N.” por su presunta participación en el delito de extorsión, luego de que comerciantes de la junta auxiliar de San Antonio Mihuacán denunciaran amenazas y el cobro de una supuesta deuda.
De acuerdo con información de la corporación municipal, la intervención ocurrió tras una llamada de auxilio recibida a través de las líneas de emergencia. Los propietarios de un establecimiento comercial señalaron que dos personas llegaron al lugar a bordo de motocicletas y se identificaron como supuestos integrantes de un grupo delictivo.
Comerciantes denunciaron amenazas y el cobro de una supuesta deuda en San Antonio Mihuacán
Según el reporte policial, la pareja habría amenazado a las víctimas con causarles daño a ellas y a su patrimonio para exigirles el pago de una deuda que, de acuerdo con los denunciantes, no habían contratado.
Ante el temor por su integridad, los comerciantes entregaron dinero en efectivo a las personas señaladas.
Policía Municipal localizó a los presuntos responsables y recuperó dinero en efectivo
Tras recibir las características de los señalados, los elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo de búsqueda y localización en la zona.
El dispositivo permitió interceptar a Nathalia Andrea “N.” y Arnold Esneyder “N.” en el cruce de la calle Belisario Domínguez y la avenida Miguel Hidalgo, en la junta auxiliar de San Antonio Mihuacán.
Durante una inspección preventiva, realizada conforme a los protocolos de actuación policial, los uniformados localizaron entre sus pertenencias dinero en efectivo que presuntamente había sido entregado por los comerciantes minutos antes.
Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Puebla
Después de su aseguramiento, ambas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, instancia encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica conforme a derecho.
Hasta que la autoridad competente determine lo contrario, las dos personas señaladas deben ser consideradas inocentes, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia.
El caso se originó a partir de la denuncia de comerciantes de San Antonio Mihuacán, quienes solicitaron apoyo policial tras presuntamente ser amenazados para entregar dinero en efectivo.
