- El coordinador de Gabinete señaló que la red habría operado desde 2014 en todo el país; Puebla registró contratos por 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023 y 129.7 millones en 2024 y 2025
El Gobierno de Puebla respaldó las investigaciones federales sobre una presunta red de corrupción en contratos de material electoral del INE y los organismos públicos locales electorales (OPLEs), y pidió que se deslinden responsabilidades sin importar partidos, funcionarios o periodos.
Durante la rueda de prensa de este jueves, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, retomó los resultados presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las indagatorias de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro.
El funcionario señaló que la presunta red habría operado desde 2014 y no únicamente durante una administración o en una entidad.
También rechazó que el caso se atribuya exclusivamente a Morena por la relación de Guadalupe Taddei con el INE. Recordó que su designación ocurrió durante el periodo en que Lorenzo Córdova encabezaba el organismo electoral.
García Parra vinculó el origen de los mecanismos de designación de consejeros locales con la reforma electoral de 2014, aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
🗳️ @JLG_PARRA señaló que una red de empresas de material electoral obtuvo contratos en distintos estados del país. Según datos de Compranet y Transparencia, Puebla pasó de 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023 a 129.7 millones en 2024-2025.
Ubicó el origen del esquema en 2014, durante la gestión de @lorenzocordovav en el @INEMexico.
— Luis David García (@ldgarcia_mkt) November 5, 2026
De acuerdo con los datos presentados por el coordinador, las empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas habrían obtenido contratos por 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025.
En Puebla, los contratos sumaron 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023, mientras que para el periodo 2024-2025 alcanzaron 129.7 millones de pesos.
Entre las entidades con mayores montos durante el primer periodo también se encuentran Veracruz, con 570 millones de pesos; Nuevo León, con 314 millones, y Sonora, con 110 millones.
Ante este panorama, el Gobierno estatal planteó cuatro compromisos: respaldar una investigación sin excepciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR); respetar la autonomía del INE y del Instituto Electoral del Estado (IEE); transparentar los contratos electorales de Puebla y colaborar para garantizar certeza en los comicios de 2027.
García Parra aclaró que el Gobierno estatal no pretende anticipar responsabilidades, pues corresponderá a las autoridades determinar si existieron irregularidades y quiénes participaron.
Finalmente, sostuvo que la revisión de los contratos debe alcanzar a todos los involucrados, independientemente del periodo en que se hayan celebrado.
Hasta el momento, los señalamientos continúan bajo investigación y no existe una sentencia que determine responsabilidades contra las personas o empresas mencionadas.
