La investigación difundida por la FGR en febrero de 2025 documentó conexiones directas a la red en Juan Galindo. Durante los cateos fueron asegurados cables y aditamentos, e inhabilitados transformadores que abastecían los inmuebles.
Antes de los hallazgos de criptominería de Tlaola, la Sierra Norte ya había registrado un operativo federal por el suministro irregular de energía. El 5 de febrero de 2025 se informó de cateos en tres domicilios de Nuevo Necaxa, municipio de Juan Galindo, después de una denuncia de la Comisión Federal de Electricidad.
La denuncia señaló que personal de CFE detectó conexiones directas a su red y consumos que no quedaban registrados en los medidores. La FGR abrió una carpeta de investigación por robo equiparado y obtuvo la autorización judicial para intervenir los inmuebles.
El detrimento patrimonial reportado fue de 17 millones 91 mil 506 pesos por los tres domicilios. La cantidad corresponde a aquel expediente de Nuevo Necaxa, previo a los operativos de Tlaola de 2026.
Cables y transformadores fuera de la medición
En uno de los predios, los agentes localizaron dos transformadores que fueron inhabilitados por personal de CFE debido a sus dimensiones y peso. También aseguraron 120 metros de cable y piezas de conexión.
En el segundo domicilio se encontró una toma directa de la red eléctrica que ingresaba mediante un cable, además de aditamentos instalados en el poste.
En la tercera casa fueron asegurados conductores, dos transformadores aéreos y conexiones. El reporte describió tres cables que descendían desde un poste hasta un registro dentro del inmueble y alimentaban cuatro transformadores, que también fueron inhabilitados por la empresa eléctrica.
Las diligencias contaron con la participación de la Policía Federal Ministerial, personal pericial, Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal. No se reportaron personas detenidas durante esos cateos.
Un expediente anterior al caso de Tlaola
La intervención de Nuevo Necaxa se originó en la detección de consumos fuera de los medidores y una denuncia de la empresa suministradora. En Tlaola, los aseguramientos de septiembre y noviembre de 2026 incluyeron equipos de procesamiento y sistemas eléctricos en instalaciones atribuidas a la criptominería.
Los hechos ocurrieron en municipios distintos y fueron difundidos en expedientes separados. La cifra de 17 millones de pesos pertenece a la afectación denunciada en Juan Galindo; el reporte federal del cateo de noviembre en Tlaola no publicó una estimación del daño económico a CFE.
