- García Parra confirmó recorridos con la CDH y descartó sobrepoblación en el reclusorio.
El Gobierno de Puebla mantiene la revisión de las condiciones del penal de San Miguel, luego de las manifestaciones realizadas por presuntos familiares de personas privadas de la libertad, quienes denunciaron presuntos cobros de piso, extorsiones y agresiones al interior del reclusorio.
El coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, informó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realiza recorridos de supervisión en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), como parte de las acciones para revisar el funcionamiento de los centros penitenciarios.
En entrevista, fue cuestionado sobre la posibilidad de extender las inspecciones a otros reclusorios para elaborar un diagnóstico de sus condiciones, sin embargo , señaló que la dependencia de seguridad participa en estos recorridos junto con el organismo defensor de los derechos humanos.
Cabe mencionar que los inconformes señalaron que algunos reclusos presuntamente cobran cuotas a otros internos y sus familias a cambio de evitar agresiones o represalias. También solicitaron la destitución del director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, a quien acusaron de permitir estas prácticas.
Entre sus demandas estuvo el traslado de internos identificados por los manifestantes como presuntos responsables de las extorsiones, así como una investigación sobre las condiciones de seguridad y el funcionamiento administrativo del centro penitenciario.
Trasladan a internos señalados por extorsiones
Ante estos señalamientos, el gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó el 12 de noviembre que algunos reclusos serían trasladados a otros centros penitenciarios por su presunta participación en actos de extorsión y amenazas contra otras personas privadas de la libertad.
Un día después, la Secretaría de Seguridad Pública informó sobre el traslado de dos internos señalados por presuntas actividades ilícitas dentro del penal de San Miguel.
Además, el titular de la SSP, Francisco Sánchez González, anunció que buscaría gestionar ante el Gobierno Federal el traslado de aproximadamente 10 personas privadas de la libertad consideradas objetivos prioritarios por su peligrosidad.
Respecto a las condiciones de ocupación, García Parra descartó que el penal de San Miguel presente sobrepoblación. De acuerdo con cifras penitenciarias correspondientes a septiembre de 2026, el reclusorio tenía 3 mil 264 internos, frente a una capacidad para 3 mil 397 personas.
Sin embargo, la situación es distinta en otros centros penitenciarios de Puebla, pues ocho de los 16 reclusorios estatales superan su capacidad, de acuerdo con información del sistema penitenciario federal.
Las revisiones de la SSP y la CDH buscan conocer las condiciones de los centros de reclusión y atender las posibles irregularidades relacionadas con la seguridad, los servicios y el respeto a los derechos humanos de las personas internas.
Hasta el momento, García Parra no precisó qué otros penales serán incluidos en los siguientes recorridos ni cuándo concluirá el diagnóstico del sistema penitenciario estatal.















