Armenta garantiza últimas consecuencias en caso Tlaola y turna investigación a Fiscalía

- El gobernador confirma que investigación es federal; SSP halló hasta mil 32 equipos conectados de forma irregular a la red de CFE.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, señaló que el caso de las “granjas de criptomonedas” aseguradas en el municipio de Tlaola, en la Sierra Norte del estado, ya está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).
En tanto exista un procedimiento por el penoso hecho en Tlaola estaremos atentos a lo que determine la Fiscalía”, dijo el mandatario estatal al ser cuestionado sobre el avance de las indagatorias.
El caso se dio a conocer el pasado 6 de septiembre, cuando la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó sobre un operativo conjunto con la FGR y la Secretaría de Marina (Semar), en el que se desmanteló un predio acondicionado como centro clandestino de minería de activos virtuales.
En un primer reporte, las autoridades informaron el aseguramiento de cerca de 300 equipos de cómputo especializado tipo GPU, un transformador de pedestal, alrededor de 80 terminales de media tensión y ocho antenas de internet satelital. Sin embargo, tras un segundo cateo realizado el 11 de septiembre, la Marina confirmó que el inventario real ascendía a mil 32 equipos instalados en el mismo inmueble, lo que dimensiona la magnitud de la operación ilegal.
SSP asegura segunda granja de criptomonedas en Tlaola e investiga complicidad municipal
Granja de criptomonedas robaba energía de CFE:
De acuerdo con el titular de la SSP, el vicealmirante Francisco Sánchez González, la granja operaba aprovechando de manera ilícita la infraestructura hidroeléctrica de la presa de Nuevo Necaxa, perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La instalación consumía más de 97 mil kWh mensuales y generaba un intenso ruido por los sistemas de enfriamiento, lo que alertó a pobladores de comunidades cercanas.
Las autoridades explicaron que aunque la minería de criptomonedas no es un delito en México, en este caso se investigan dos ilícitos federales: el robo de energía eléctrica y operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero. La hipótesis que siguen es que grupos delictivos utilizan este tipo de granjas para blanquear capitales, al convertir la energía robada en activos digitales difíciles de rastrear.
Tlaola es un municipio indígena ubicado a más de 230 kilómetros de la capital poblana, colindante con Huauchinango y Chiconcuautla. Tiene cerca de 20 mil habitantes, mayoritariamente de origen náhuatl, y su orografía montañosa y caminos poco transitados lo hicieron propicio para ocultar la operación. La conexión mediante antenas satelitales permitía a los operadores tener internet sin depender de la red local.
Hasta el momento no se han reportado personas detenidas, y el inmueble y los equipos quedaron bajo resguardo federal.
El secretario de Seguridad Pública adelantó además que se investigará si las autoridades municipales tenían conocimiento de la existencia de la granja, pues consideró inverosímil que una instalación de ese tamaño pasara desapercibida. En la zona ya se habían detectado en 2025 otras granjas similares en Juan Galindo (Necaxa) y se trata de la cuarta instalación asegurada en la región desde el año pasado.
El gobernador Armenta Mier reiteró que su administración mantendrá la coordinación con los tres órdenes de gobierno para combatir las estructuras financieras del crimen organizado y que esperarán la determinación de la FGR para deslindar responsabilidades.





Irina Díaz




