Asesinan a exalcalde y exhiben vacío institucional ante violencia en Chihuahua

El asesinato de Lauro Orozco Gómez, exalcalde de Ignacio Zaragoza, en el noroeste de Chihuahua, volvió a colocar a la región en el centro de la discusión sobre la creciente vulnerabilidad política y la falta de respuestas estatales efectivas ante la violencia. La Fiscalía General del Estado confirmó que el ataque ocurrió la tarde del pasado  miércoles y que el exedil, de 55 años, fue ejecutado dentro de su camioneta Chevrolet Cheyenne gris, estacionada sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez.

Los primeros informes forenses revelaron que Orozco recibió dos disparos directos: uno con entrada en el pómulo izquierdo y salida en el ojo derecho, y otro que penetró por el lado izquierdo del cuello sin salida. Las autoridades precisaron que el homicidio se registró a las 14:19 horas, un horario que evidencia la operación impune de agresores capaces de actuar en plena vía pública y en un municipio donde, se supone, el exfuncionario debía contar con condiciones mínimas de seguridad.

A pesar de la contundencia de los hechos, la información oficial sigue siendo limitada. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación, pero no ha ofrecido una línea sólida sobre el móvil del crimen ni indicios públicos de avance. Esta falta de claridad alimenta la percepción de opacidad institucional, un problema recurrente en casos que involucran a figuras políticas regionales.

El asesinato de Orozco no solo significa la pérdida de un líder local con tres periodos de gobierno, sino que exhibe una crisis más profunda: la de municipios donde la seguridad depende de estructuras debilitadas, sin capacidad para prevenir ataques o esclarecerlos con prontitud. El silencio oficial, sumado a la ausencia de detenciones o sospechosos identificados, abre un nuevo episodio de incertidumbre para Ignacio Zaragoza y suma otro caso a la larga lista de crímenes políticos que avanzan sin justicia en México.