Trasladan a “El Licenciado” al Altiplano por asesinato de Carlos Manzo

El traslado de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, al penal federal de máxima seguridad El Altiplano pone en el foco la complejidad del crimen organizado en México y las limitaciones del sistema de justicia. Señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, “El Licenciado” está vinculado presuntamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que ha logrado infiltrarse en distintos niveles del poder local y regional.

El operativo de traslado involucró a la Marina, la Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que evidencia la importancia que las autoridades asignan al caso. Sin embargo, la movilización mediática y de alto riesgo no oculta que este tipo de acciones, aunque necesarias, llegan muchas veces tarde, tras crímenes que ya han sido consumados y que reflejan fallas preventivas en seguridad y vigilancia. La protección del exalcalde habría requerido un monitoreo más cercano, considerando las amenazas previas a su vida.

“El Licenciado” enfrenta cargos por homicidio calificado y lesiones, pero su detención no garantiza por sí sola justicia plena. La estructura del CJNG y la posibilidad de operadores de alto rango siguen operando, y el traslado a un penal de máxima seguridad no asegura la desarticulación de la red criminal.

Este caso deja al descubierto un patrón recurrente: la justicia actúa de manera reactiva, concentrándose en la captura del presunto responsable visible, mientras la impunidad estructural y la infiltración del crimen organizado en la política local permanecen intactas. Para que este proceso sea efectivo, no basta con la reclusión de un individuo; es necesario garantizar investigaciones completas, sanciones ejemplares y mecanismos de prevención que eviten que figuras públicas y sus comunidades sigan siendo vulnerables ante la violencia organizada.

El traslado de “El Licenciado” al Altiplano simboliza seguridad, pero también evidencia la urgencia de reformas y respuestas institucionales más contundentes.