Redacción Paralelo 19Salinas Pliego y el gobierno cierran choque fiscal tras fallo histórico
- El acuerdo por más de 32 mil millones de pesos pone fin a casi dos décadas de litigios fiscales y marca uno de los choques más visibles entre el poder económico y el Estado mexicano.
La prolongada disputa entre Grupo Salinas y el gobierno federal alcanzó un punto de quiebre. Tras un fallo definitivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el conglomerado empresarial acordó el pago de 32 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), en lo que ya es considerado uno de los casos fiscales más emblemáticos y mediáticos de las últimas décadas en México.
La resolución no solo cerró un proceso judicial que se extendió por casi 20 años, sino que reavivó el debate público sobre justicia fiscal, poder económico y límites del litigio corporativo frente al Estado. Desde hace años, el empresario Ricardo Salinas Pliego mantuvo una postura crítica y confrontativa contra las autoridades fiscales, señalando presuntos abusos y defendiendo la legalidad de sus estrategias jurídicas, mientras el gobierno insistía en la existencia de adeudos millonarios por impuestos omitidos, multas y recargos acumulados desde ejercicios fiscales de finales de la década pasada.
El monto originalmente reclamado por el SAT superaba los 50 mil millones de pesos; sin embargo, tras la resolución de la Corte y la aplicación de beneficios previstos en la ley fiscal, el acuerdo final quedó en poco más de 32 mil millones. De esa cifra, 10 mil 400 millones de pesos ya fueron depositados en la Tesorería de la Federación, mientras que el resto será cubierto mediante pagos mensuales conforme al esquema autorizado.
Desde el ámbito gubernamental, el caso fue presentado como una señal de que no hay contribuyentes intocables y de que las resoluciones judiciales deben cumplirse sin distinción. Para el SAT, el desenlace representa uno de los cobros fiscales más relevantes en términos históricos y simbólicos.
En contraste, Grupo Salinas sostuvo que el pago no implica un reconocimiento de irregularidades, sino el cierre de un ciclo de litigios que, según el corporativo, se prolongó por interpretaciones fiscales controvertidas. La confrontación discursiva entre el empresario y el gobierno se trasladó durante años a tribunales, redes sociales y espacios mediáticos, convirtiendo el caso en un referente del choque entre el sector privado y la política fiscal del Estado.
