Concesiones del pasado, la pesadilla

Luis David García

En Puebla, el término “concesión” se ha convertido en sinónimo de abuso, descontrol y opacidad. El discurso de que la inversión privada mejoraría la infraestructura y la calidad de los servicios públicos ha quedado sepultado bajo tarifas excesivas, incumplimientos y una falta de regulación que permite a las empresas operar con impunidad.

Los poblanos no solo enfrentan un sistema de transporte público deficiente y carreteras de cuota con precios elevados, sino que también sufren los estragos de un servicio de agua concesionado a una empresa que ha priorizado las ganancias sobre la calidad del servicio. ¿Hasta cuándo los ciudadanos deberán soportar el costo de concesiones que no cumplen con su propósito inicial?

Las carreteras de cuota: pagar por el derecho a transitar

Puebla cuenta con una de las redes de autopistas de cuota más caras del país. Carreteras como la México-Puebla y la Puebla-Atlixco han sido concesionadas a empresas que año con año aumentan sus tarifas, sin que exista una mejora proporcional en la calidad de la infraestructura. Baches, mala señalización y obras eternas son el pan de cada día para los automovilistas que deben desembolsar sumas cada vez mayores para desplazarse dentro de su propio estado.

A pesar de las quejas constantes, el gobierno estatal aún lidia con la tarea de renegociar los términos de estas concesiones y de exigir un mantenimiento adecuado. Así, los poblanos se ven atrapados en un modelo donde pagan caro por carreteras que no garantizan seguridad ni eficiencia en sus recorridos.

Transporte público: un servicio caro y precario

El transporte público en Puebla es otro reflejo del problema de las concesiones mal administradas. Las rutas de autobuses y combis han sido entregadas a particulares sin un esquema real de modernización, regulación o mejora del servicio. El resultado: unidades en mal estado, tiempos de espera interminables y tarifas que han incrementado sin que ello implique una mejor experiencia para los usuarios.

Las pocas iniciativas para modernizar el transporte han fracasado por la falta de una política integral. Mientras tanto, los ciudadanos se enfrentan a la disyuntiva de usar un servicio deficiente o invertir más dinero en transporte privado, lo que agrava los problemas de movilidad en la ciudad.

Las largas filas en Angelópolis para entrar a los residenciales, los estragos en el tráfico porque hay una remodelación u obra necesaria, la falta de pericia por parte de los operadores y un largo etcétera agravan la situación.

Agua de Puebla: el negocio que seca a los ciudadanos

Pero si hay un caso que ejemplifica el abuso de las concesiones en Puebla, ese es el del servicio de agua potable. Agua de Puebla para Todos, concesionaria del servicio desde 2014, ha generado ingresos multimillonarios mientras mantiene un servicio ineficiente. Las quejas por cobros excesivos, cortes injustificados y falta de inversión en infraestructura se han vuelto una constante.

Según datos revelados recientemente, la empresa obtiene utilidades anuales de hasta 1,600 millones de pesos, mientras que su inversión en infraestructura ha sido mínima. La falta de regulación y la permisividad de los gobiernos anteriores permitieron que la concesión fuera prácticamente un cheque en blanco para la empresa, sin garantías de calidad para los usuarios.

El gobernador Alejandro Armenta ha señalado las irregularidades en la concesión, pero ha reconocido que revocarla sería demasiado costoso para el estado, debido a las cláusulas impuestas en el contrato original. Mientras tanto, los poblanos siguen pagando por un servicio que no garantiza ni calidad ni continuidad.

¿Hasta cuándo?

La crisis de las concesiones en Puebla es una muestra de cómo la falta de regulación efectiva y la corrupción han convertido los servicios públicos en negocios privados que exprimen los bolsillos de los ciudadanos sin ofrecer mejoras tangibles. El problema no es la inversión privada en sí, sino la manera en que se han otorgado estas concesiones: sin supervisión, sin transparencia y sin mecanismos de control efectivos.

Es momento de que las autoridades, tanto estatales como legislativas, revisen a fondo los términos de estas concesiones pues se necesita acción real para corregir las condiciones abusivas y garantizar que los poblanos tengan acceso a servicios de calidad a precios justos.

Porque si el agua es un derecho, la movilidad una necesidad y el transporte una obligación, entonces las concesiones no pueden seguir siendo un negocio a costa de los ciudadanos.

El modelo de concesiones debe cambiar, antes de que sea demasiado tarde.