La propuesta del Congreso estadounidense para imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por personas sin ciudadanía no solo es un acto de injusticia fiscal. Es una muestra brutal de desprecio hacia quienes, con su trabajo, sostienen a millones de familias a lo largo y ancho de América Latina, y particularmente en México.
Una vez más, los migrantes son usados como moneda de cambio político. Se les acusa, se les vigila, se les criminaliza… pero cuando se trata de beneficiarse de su esfuerzo, ahí sí no hay restricciones. Este nuevo intento por gravar las remesas —avalado por congresistas republicanos bajo el disfraz de una reforma fiscal— representa una forma de doble tributación inadmisible, que carga sobre los hombros de los más vulnerables un castigo que ni siquiera se atreverían a imponer a los grandes capitales que sí evaden impuestos con total impunidad.
México recibió más de 64 mil millones de dólares en remesas en 2024. Detrás de ese número hay historias de madres, padres, hijos y abuelas que dependen de ese dinero para comer, para estudiar, para vivir. Gravar ese esfuerzo no solo es una afrenta a quienes migraron por necesidad, es un ataque directo a la estabilidad económica de nuestro país. Y más grave aún, es un acto discriminatorio: el impuesto no aplica a ciudadanos estadounidenses, sino a quienes no tienen documentos. Una decisión que castiga el estatus migratorio, no el acto económico.
Desde la Comisión de Asuntos Migratorios, y como diputada federal, rechazo de manera tajante esta iniciativa. No vamos a permitir que se normalice una política de castigo hacia nuestros connacionales. Celebramos que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se haya pronunciado con claridad, y que el Senado mexicano esté dispuesto a actuar en el terreno diplomático. La soberanía se defiende también desde la dignidad de nuestros migrantes.
Porque lo que está en juego no son solo cifras o porcentajes. Es la vida de millones. Y no olvidemos que muchas de las entidades más dependientes de las remesas —como Chiapas, Michoacán o Zacatecas— son también las más olvidadas históricamente por el modelo económico. Castigar las remesas es castigar la única fuente de ingreso estable que tienen muchas familias en esos estados.
Además, esta medida, de avanzar, no solo sería injusta: sería torpe. Incentivará el uso de canales informales para el envío de dinero, con el consecuente debilitamiento de los controles financieros y un probable aumento en los riesgos de lavado de dinero. Lo que parece una jugada recaudatoria termina siendo un retroceso en transparencia, en seguridad y en estabilidad económica.
Nadie que entienda la profundidad de lo que significa migrar podría defender una medida así. Y si los republicanos en el Congreso de EE.UU. creen que este tipo de propuestas fortalecerá la relación bilateral, se equivocan. México debe dejar claro que la dignidad no se negocia y que quienes han dado todo por sus familias y por este país merecen respeto, no castigo.
Las remesas no son un lujo. Son el resultado del esfuerzo diario de quienes han dejado su hogar para sostener otro. Y si algo tiene que gravarse, no es su trabajo, sino la mezquindad de quienes siempre buscan al más débil para cobrar la factura de sus fracasos políticos.
Desde México y desde el Congreso, lo decimos fuerte y claro: ¡Con nuestras y nuestros migrantes, no!
