Paquete económico 2026: la justicia también se mide en pesos

Cada año, la discusión del paquete económico es mucho más que un trámite legislativo. Es, en realidad, el momento en el que se define hacia dónde va el país, cuáles son las prioridades y, sobre todo, quiénes se benefician de las decisiones que aquí tomamos. No se trata de cifras abstractas ni de tecnicismos reservados para especialistas: se trata de la vida diaria de millones de familias mexicanas.

El paquete económico que hoy discutimos confirma una ruta clara: la política económica de la Cuarta Transformación no es asistencialismo, es justicia social. Se ha demostrado que cuando los recursos públicos se orientan hacia el pueblo —a sus necesidades reales y urgentes—, los resultados son palpables: la pobreza se reduce, la desigualdad se acorta y la dignidad se recupera.

En este sentido, hay tres ejes centrales que vale la pena destacar.

Primero, el blindaje de los programas sociales. Durante años se nos quiso convencer de que apoyar a las personas más pobres era un gasto, casi un lujo. Hoy sabemos que es una inversión. La Pensión para Adultos Mayores, las becas Benito Juárez, el apoyo a personas con discapacidad y los programas de bienestar no solo garantizan derechos, también fortalecen la economía porque reactivan el consumo en los barrios, en los pueblos, en las comunidades.

Segundo, la apuesta por la infraestructura y el desarrollo regional. Este paquete contempla recursos estratégicos para continuar con los grandes proyectos que equilibran el crecimiento en el país: trenes, carreteras, hospitales, escuelas. Esto significa empleo, significa movilidad y significa que el desarrollo ya no se concentre en unos cuantos estados o en unas cuantas manos.

Tercero, la responsabilidad fiscal. La oposición insiste en augurar crisis, pero los hechos desmienten esa narrativa. México mantiene estabilidad macroeconómica, tipo de cambio fuerte y niveles de deuda controlados, al mismo tiempo que se invierte como nunca en bienestar. Lo que antes se gastaba en privilegios, hoy se traduce en obras y derechos.

Por supuesto, el debate en el Congreso no está exento de confrontaciones. Escuchamos a la oposición hablar de recortes ficticios, de escenarios catastróficos y de supuestos riesgos que nunca llegan. Pero lo cierto es que su molestia no es por el paquete en sí, sino porque este proyecto rompe con el modelo que ellos defendieron durante décadas: un modelo que servía a las élites, a las cúpulas empresariales y a los políticos de siempre.

Hoy, en cambio, el dinero público está en manos del pueblo, como lo ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum con la misma firmeza que lo hizo en su momento Andrés Manuel López Obrador. Hoy, los recursos se asignan con la lógica de la justicia, no con la lógica del privilegio.

Y lo digo con claridad: aprobar este paquete económico no es solo respaldar una serie de números, es refrendar un proyecto de país. Es elegir entre regresar al entreguismo y al saqueo, o continuar con un modelo que pone al ser humano en el centro.

Puebla, por ejemplo, se verá directamente beneficiada. Con más inversión en obra comunitaria, con programas que llegan a nuestras colonias y juntas auxiliares, con proyectos estratégicos que impulsan la economía local. Aquí, en el distrito 12, sabemos bien que cuando los recursos se orientan al pueblo, las transformaciones se sienten.

El paquete económico 2026 es, en síntesis, un recordatorio de que la justicia también se mide en pesos. Porque no basta con discursos; hay que respaldar con presupuesto la visión de un México más justo, más igualitario y más digno.