- Desafió el orden judicial.
En un hecho que ha generado indignación y fuertes cuestionamientos sobre el uso de corporaciones estatales en conflictos entre particulares, el empresario gasolinero Rafael Zorrilla Alanís fue acusado de utilizar presuntamente sus influencias para ordenar la intervención de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal y recuperar por la fuerza el inmueble donde opera la agencia Isuzu, pese a existir una orden judicial en su contra.
De acuerdo con los denunciantes, el pasado miércoles 29 de abril el Juzgado Quinto Civil ejecutó legalmente un lanzamiento en contra de Rafael Zorrilla, entregando la posesión del inmueble a su contraparte tras una resolución judicial derivada de un litigio civil.
Sin embargo, este jueves elementos de Fuerzas Especiales habrían intervenido sin mostrar una nueva orden judicial y contradiciendo directamente lo mandatado por el juez, para despojar nuevamente a quienes ya habían recibido legalmente la posesión del inmueble.
Los afectados acusaron que las corporaciones estatales actuaron al servicio del empresario, ignorando completamente la resolución emitida por el Poder Judicial y utilizando la fuerza pública para revertir una decisión legal.
Hoy en Puebla las Fuerzas Especiales ya no obedecen a los jueces; obedecen a quien tiene más dinero”, denunciaron.
Además, señalaron que Rafael Zorrilla, identificado públicamente como empresario gasolinero y señalado por presuntos vínculos con actividades relacionadas al robo de combustible, habría contado con el respaldo de autoridades corruptas para recuperar el inmueble.
La polémica creció luego de que circularan imágenes y videos del operativo, donde se observa la presencia de elementos armados participando en la toma del inmueble, pese a que la posesión había sido entregada legalmente días antes mediante mandato judicial.
Fuentes anónimas informaron además que durante el operativo hubo personas golpeadas y al menos un lesionado que tuvo que ser trasladado a un hospital tras presuntas agresiones cometidas por elementos participantes.
El caso ha encendido críticas por lo que consideran un grave precedente: que corporaciones de seguridad pública sean utilizadas para desafiar resoluciones judiciales y favorecer intereses particulares.
“Así las cosas en Puebla: la policía desafía a los jueces y protege a los ricos. El mundo al revés”, acusaron los denunciantes.
