Irina DíazPuebla identifica 32 mil casos de trabajo infantil; 11 municipios en foco
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Puebla informó que cerca de 32 mil niñas, niños y adolescentes realizan actividades laborales en la entidad, una situación que continúa representando un desafío para el desarrollo social y educativo de miles de menores.
De acuerdo con la dependencia estatal, una parte importante de esta población infantil y adolescente trabajadora no se encuentra inscrita en el sistema educativo, lo que limita sus oportunidades de desarrollo integral y contribuye a la reproducción de condiciones de desigualdad.
Once municipios concentran los mayores índices de trabajo infantil en Puebla
Como parte de las acciones para atender esta problemática, el Gobierno de Puebla identificó 11 municipios prioritarios por presentar mayores niveles de incidencia, rezago educativo y vulnerabilidad social.
Los municipios considerados de atención prioritaria son:
Ajalpan, Zoquitlán, Chichiquila, Coxcatlán, Cuautempan, Cuetzalan del Progreso, Huaquechula, Tehuacán, Xochitlán de Vicente Suárez, Vicente Guerrero y Eloxochitlán.
Según las autoridades, en estas demarcaciones el trabajo infantil está estrechamente relacionado con factores como la pobreza, el acceso limitado a servicios educativos y la dependencia económica de actividades informales o de subsistencia familiar.
Sector agropecuario y actividades informales concentran gran parte de los casos
La Secretaría de Desarrollo Económico detalló que los sectores donde existe una mayor concentración de trabajo infantil son el agropecuario, la industria manufacturera, las actividades extractivas, la construcción, el comercio y los servicios.
El titular de la dependencia, Víctor Gabriel Chedraui, informó que se implementará una estrategia interinstitucional enfocada en los municipios identificados como prioritarios. Entre las acciones contempladas se encuentran la detección de casos, el fortalecimiento de mecanismos de protección a la niñez y el desarrollo de programas destinados a reducir la incidencia de este fenómeno.
Asimismo, señaló que se dará seguimiento permanente a las condiciones que presentan estos municipios debido a su complejidad estructural.
Trabajo infantil en México afecta a 3.7 millones de menores, según INEGI
La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 del INEGI revela que en México existen aproximadamente 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, cifra que representa el 13.1 por ciento de la población de entre 5 y 17 años.
Del total, el 60.2 por ciento corresponde a hombres y el 39.8 por ciento a mujeres.
La encuesta también indica que seis de cada diez menores con ocupación no permitida trabajan para un familiar. Además, el sector agropecuario concentra uno de cada tres casos, mientras que los servicios y el comercio informal representan el 21.5 por ciento.
Estrategias institucionales buscan prevenir y erradicar la explotación laboral infantil
En Puebla, el combate al trabajo infantil se desarrolla mediante la coordinación de la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CITI) y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Ambas instancias impulsan programas de apoyo para familias en situación de vulnerabilidad, además de campañas de sensibilización dirigidas a la población en diversos municipios del estado.
Iniciativa legislativa busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes
En 2024, la diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Isabel Suriano Corrales, presentó una iniciativa para prevenir y combatir el trabajo infantil en Puebla mediante reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y a la Ley Orgánica Municipal.
La propuesta contempla la obligación de los ayuntamientos de diseñar políticas públicas específicas para combatir la explotación laboral infantil, armonizar la legislación estatal con tratados internacionales, establecer mecanismos institucionales de denuncia en centros de trabajo y priorizar la permanencia escolar frente a presiones económicas.
Además, la legisladora promovió reformas enfocadas en prevenir el maltrato y abuso físico dentro del entorno familiar, así como iniciativas para reconocer el embarazo infantil y adolescente como una forma de violencia estructural.
