Acusan al edil de Huatlatlauca de favorecer a sus hermanos con apoyos estatales; comunidad exige transparencia

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  • Los familiares del edil obtuvieron fertilizante de la Sader, y uno de ellos inició supuesta promoción política rumbo a las elecciones de 2027.

 

 

Habitantes de Huatlatlauca, Puebla, denunciaron que el presidente municipal estaría utilizando recursos estatales para beneficiar a sus familiares, generando un conflicto de interés que pone en entredicho la transparencia de la administración local. Las acusaciones señalan que los apoyos, destinados originalmente a programas de desarrollo comunitario y asistencia social, fueron canalizados hacia proyectos liderados por los hermanos del edil.

Fuentes locales indicaron que, además de los apoyos, uno de los familiares del alcalde estaría siendo posicionado como posible candidato a la presidencia municipal en las próximas elecciones, lo que sugiere un intento de perpetuar la influencia familiar en la administración local. Los pobladores expresaron su indignación, asegurando que mientras algunos reciben favores directos, otros habitantes continúan sin acceso a programas esenciales, lo que profundiza la desigualdad en la comunidad.

La falta de pronunciamiento por parte del edil ha intensificado la desconfianza. Aunque sus defensores argumentan que la asignación de recursos se realizó bajo lineamientos estatales sin intervención directa del presidente municipal, la percepción de favoritismo ha generado un clima de inconformidad que amenaza con afectar la gobernabilidad en el municipio.

Organismos de fiscalización estatal han advertido que la asignación de recursos públicos con sesgos familiares puede constituir una falta administrativa o incluso un delito, dependiendo de la magnitud del recurso y la participación del servidor público. Expertos en transparencia señalan que la situación en Huatlatlauca refleja un problema recurrente en municipios con altos niveles de pobreza: la utilización de programas sociales para favorecer intereses personales en lugar de atender necesidades colectivas.

Pobladores y regidores exigen la implementación de mecanismos de control y auditoría externa que garanticen la correcta distribución de los apoyos estatales. De no realizarse revisiones y ajustes, advierten, la comunidad podría enfrentar un agravamiento de la desigualdad y un debilitamiento de la confianza en las instituciones locales, afectando la gobernanza y el desarrollo municipal.


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