- El gobierno de Estados Unidos aprovechó para hablar de los demócratas y responsabilizarlos del cierre administrativo.
Tras 43 días de parálisis administrativa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la ley que pone fin al cierre de gobierno más prolongado en la historia del país. La medida restablece temporalmente la operación de dependencias federales y permite el regreso a sus labores de más de 800 mil empleados públicos que habían sido suspendidos o trabajaban sin salario.
El acuerdo, aprobado por el Congreso y respaldado por ambas cámaras, autoriza el financiamiento del gobierno hasta el 30 de enero de 2026. Sin embargo, no resuelve las causas de fondo que provocaron el cierre: las disputas presupuestarias entre la Casa Blanca y el Congreso por temas como los recortes fiscales, los subsidios a la salud y la política migratoria.
Durante el cierre, miles de servicios públicos esenciales se vieron afectados: aeropuertos operaron con personal limitado, programas de asistencia alimentaria se retrasaron y organismos científicos suspendieron investigaciones. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó pérdidas económicas por miles de millones de dólares, sin contar el impacto social de los trabajadores federales que quedaron sin ingresos durante más de seis semanas.
Aunque Trump celebró el acuerdo como una “victoria para el pueblo estadounidense”, analistas consideran que el episodio refleja una crisis institucional y el uso político del presupuesto como herramienta de presión. El cierre, dicen, dejó una imagen de un gobierno debilitado, con tensiones internas incluso entre los propios republicanos.
Con esta reapertura parcial, la administración de Trump evita un mayor daño económico, pero la incertidumbre continúa: si el Congreso y la Casa Blanca no alcanzan un nuevo consenso antes de enero, el país podría enfrentarse a otro cierre, reavivando el debate sobre la estabilidad política y la responsabilidad en el manejo del poder público.
