El huachicol se extendió en Puebla mientras mandos estatales participaban en el negocio que debían combatir. Las condenas, los abusos documentados y las contradicciones electorales dejan una cuenta pendiente para los gobiernos encabezados por el PAN.
El dato más contundente está dentro de la propia policía: dos mandos de la seguridad pública poblana terminaron condenados por robar combustible.
Marco Antonio Estrada López, exdirector de la Policía Estatal, y Tomás Méndez Lozano, exjefe del Grupo de Operaciones Especiales, recibieron en noviembre de 2018 sentencias de cuatro años de prisión por robo de hidrocarburo. Ambos habían sido detenidos en julio de 2015, cuando trabajaban bajo el mando del entonces secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas.
La corrupción había alcanzado posiciones desde las cuales se dirigía a los policías encargados de enfrentarla. Ese hecho forma parte del balance de un gobierno encabezado por el PAN.
El problema tampoco se limitó a aquellos funcionarios. Entre 2011 y noviembre de 2016, los municipios poblanos con tomas clandestinas detectadas pasaron de 11 a 24. Durante ese periodo, Puebla escaló del sexto al primer lugar nacional por ese indicador. La actividad se expandió territorialmente mientras las autoridades tenían la obligación de contenerla.
La combinación resulta políticamente demoledora: crecimiento del delito y participación de mandos policiales. Un gobierno no puede evaluar su seguridad únicamente por los operativos que anuncia; también debe responder por lo que ocurre dentro de sus corporaciones.
La trayectoria que conecta dos estructuras de seguridad
Antes de dirigir la seguridad en Puebla, Facundo Rosas fue comisionado general de la Policía Federal durante la presidencia de Felipe Calderón. Su nombramiento, en junio de 2009, lo colocó bajo la conducción directa de Genaro García Luna.
García Luna, secretario de Seguridad Pública federal entre 2006 y 2012, fue condenado en Estados Unidos en octubre de 2024 a 460 meses de prisión por delitos relacionados con su colaboración con el Cártel de Sinaloa. El juicio acreditó que recibió sobornos a cambio de favorecer a esa organización. Es uno de los mayores expedientes de corrupción de la seguridad pública durante una presidencia panista.
Son responsabilidades distintas: la condena de García Luna no acredita un vínculo suyo con “El Toñín” ni convierte a todos sus colaboradores en culpables. La conexión comprobable es la trayectoria institucional de Rosas, quien pasó de aquella estructura federal a dirigir la seguridad poblana.
Rosas ha negado participar en redes criminales y ha defendido su gestión. Las condenas de sus subordinados no constituyen una sentencia contra él, pero sí obligan a revisar la supervisión que ejerció sobre la corporación.
El Toñín y los límites de la respuesta oficial
Antonio Valente Martínez Fuentes, identificado públicamente como “El Toñín”, quedó en el centro de los señalamientos gubernamentales tras los enfrentamientos de Palmarito Tochapan en mayo de 2017.
Antonio Gali le atribuyó responsabilidad por los ataques contra militares. Ese mismo mes, autoridades federales y estatales aseguraron dos inmuebles, 16 vehículos y siete tractores relacionados por las autoridades con el investigado, dentro de actuaciones por robo de vehículos.
Existieron acciones en su contra durante un gobierno panista. La cuestión pendiente es qué resultados judiciales produjeron y hasta dónde permitieron esclarecer las responsabilidades.
Martínez Fuentes ha negado vínculos con la delincuencia organizada y ha defendido que su actividad es agrícola. En esta investigación no se acreditó que los dos mandos policiales condenados trabajaran para él. La corrupción dentro de la corporación y las imputaciones contra “El Toñín” no pueden presentarse como una misma red sin demostrar esa conexión.
Palmarito también exhibió al Estado
El expediente de Palmarito contiene responsabilidades de las propias autoridades. La Recomendación 12VG/2018 documentó ejecuciones arbitrarias, tratos crueles, retenciones ilegales e irregularidades en la procuración de justicia relacionadas con los hechos del 3 de mayo de 2017.
Las actuaciones de servidores públicos federales y estatales quedaron bajo cuestionamiento. El combate al robo de combustible debía realizarse dentro de la ley; la gravedad de los delitos investigados no autorizaba los abusos.
Ese es otro componente del balance: las instituciones fallaron al contener el delito y también incurrieron en violaciones durante su respuesta.
El deslinde electoral y la alianza que permaneció
La contradicción política se hizo visible en 2018. El PAN, mediante su entonces dirigente estatal Jesús Giles, rechazó respaldar la candidatura de Alejandro Martínez Fuentes a la alcaldía de Quecholac. La postulación provenía del PSI, partido que al mismo tiempo formaba parte de la coalición estatal Por Puebla al Frente.
Acción Nacional se deslindó de aquella candidatura municipal. El PSI mantuvo la postulación. La diferencia entre ambos partidos en Quecholac coexistió con su alianza en el ámbito estatal.
En 2024, María Guadalupe Martínez Gerardo, hija de Antonio Valente, ganó la presidencia municipal de Quecholac con candidatura propia del PSI. El registro electoral es preciso: no fue candidata municipal del PAN.
La responsabilidad política que corresponde discutir es la selección de aliados y la coherencia de los deslindes. Una alianza electoral no demuestra protección criminal, pero sí puede someterse a escrutinio público.
El balance de los gobiernos panistas en Puebla tiene hechos suficientes para una crítica severa: expansión territorial del huachicol, mandos estatales condenados y violaciones graves durante su combate.
Al panismo se le puede exigir que responda por la corrupción acreditada dentro de su aparato de seguridad. A las autoridades actuales, que esclarezcan las responsabilidades pendientes. Ningún deslinde partidista sustituye esas obligaciones.
