La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla consiguió que quedara firme la sentencia condenatoria contra Ernesto N. y Diana N., responsables del delito de homicidio en grado de tentativa, por un ataque armado ocurrido en el municipio de Tehuacán en julio de 2020. Además, Ernesto N. fue declarado culpable de privación ilegal de la libertad.
Ataque armado en la colonia Venustiano Carranza dejó a una persona gravemente herida
Los hechos ocurrieron la noche del 25 de julio de 2020, en inmediaciones de la calle 28 Sur, en la colonia Venustiano Carranza, donde los ahora sentenciados llegaron a bordo de un vehículo Honda Civic, acompañados de otros dos hombres.
En el lugar se produjo una discusión que derivó en un intercambio de disparos. Durante el enfrentamiento, Ernesto N. y Diana N. accionaron un arma de fuego contra una de las personas presentes, quien recibió impactos de bala en el tórax, abdomen y extremidades, lesiones que pusieron en riesgo su vida.
Ernesto N. mantuvo retenido a uno de sus acompañantes en un hotel de Tehuacán
Después de la agresión, los involucrados se trasladaron al estacionamiento del hotel Mex Mar, ubicado en la colonia El Riego, también en Tehuacán.
En ese sitio, Ernesto N. utilizó amenazas con un arma de fuego y violencia moral para mantener privado de su libertad a uno de sus acompañantes hasta la mañana del día siguiente, con el propósito de impedir que informara a las autoridades policiales sobre lo ocurrido.
Pruebas periciales permitieron acreditar la responsabilidad de los sentenciados
Durante el proceso judicial, la Fiscalía de Puebla presentó pruebas balísticas, criminalísticas y médicas de lesiones, además de inspecciones oculares de campo, con las que acreditó la participación de ambos acusados en los hechos.
Una vez que transcurrió el plazo legal sin que alguna de las partes presentara inconformidad, la autoridad jurisdiccional declaró firme la sentencia condenatoria.
Ocho años y ocho meses de prisión para cada responsable
Como resultado de la resolución, Ernesto N. y Diana N. recibieron una pena de ocho años y ocho meses de prisión cada uno por el delito de homicidio en grado de tentativa.
En el caso de Ernesto N., la autoridad declaró compurgada la pena de un año de prisión correspondiente al delito de privación ilegal de la libertad.
La sentencia también contempla la suspensión de derechos civiles y políticos, una amonestación pública y el pago de la reparación del daño moral y material en favor de las víctimas.
