El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, respaldó la investigación federal sobre una presunta red empresarial que habría concentrado contratos por 2 mil 740.3 millones de pesos durante 27 años; en Puebla, las contrataciones bajo revisión corresponden a 2014-2025.
El Gobierno de Puebla solicitó una revisión integral de 179.1 millones de pesos en contratos relacionados con organismos electorales, como parte de la investigación federal sobre una presunta red empresarial que habría operado durante 27 años y acumulado adjudicaciones por aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos.
El coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, informó que en la entidad se identificaron contrataciones por 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023, así como otros 129.7 millones durante 2024 y 2025. Ante estos montos, señaló que el Gobierno estatal respalda que las autoridades fiscalizadoras revisen los procedimientos.
El funcionario manifestó que el gobernador Alejandro Armenta Mier respalda las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para esclarecer las operaciones y determinar si existieron irregularidades en las contrataciones de los organismos electorales.
Investigación federal identifica operaciones por 2 mil 740 millones de pesos
De acuerdo con la información presentada por la secretaria federal de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, la investigación identifica al menos seis empresas presuntamente relacionadas con una misma estructura de proveedores que habría participado en procedimientos de contratación electoral.
Los antecedentes de estas operaciones se remontan a 1999. Entre los casos documentados se encuentra un escándalo contractual por 63.7 millones de pesos en el Estado de México, en 2005.
Posteriormente, entre 2015 y 2023 se registraron adjudicaciones por más de 2 mil 94 millones de pesos, mientras que durante 2024 y 2025 se identificaron poco más de 646 millones de pesos. En conjunto, las operaciones representan aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos.
García Parra también hizo referencia a los antecedentes de Guadalupe Taddei en los organismos electorales. Precisó que su designación como consejera electoral de Sonora ocurrió en 2014, durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el Instituto Nacional Electoral (INE), mientras que su llegada a la presidencia nacional del organismo, en 2023, se realizó mediante insaculación.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la revisión permitió reconstruir la trayectoria del grupo empresarial y sus relaciones con organismos electorales. También confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició acciones para inmovilizar algunas cuentas, derivadas de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación.
El coordinador de Gabinete sostuvo que las investigaciones deben alcanzar a todas las personas y empresas involucradas, sin anticipar responsabilidades ni vulnerar la autonomía del INE y de los organismos públicos locales electorales.
Gobierno federal plantea cambios para fortalecer la vigilancia electoral
Entre las medidas contempladas por el Gobierno de México para fortalecer la certeza de los comicios de 2027 se encuentran la ampliación de los mecanismos de supervisión, la participación académica y la revisión de los procedimientos de contratación.
También se plantea incorporar más proveedores nacionales y fortalecer los Talleres Gráficos para incrementar la participación del Estado mexicano en la producción de materiales electorales.
El Gobierno de Puebla manifestó que colaborará para que la elección del 6 de junio de 2027 se desarrolle bajo condiciones de legalidad, confianza y respeto a la voluntad ciudadana.
Puebla reporta 315 servidores públicos separados por irregularidades
En materia de combate a la corrupción, el secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio, informó que 315 personas han sido destituidas de la administración estatal por irregularidades.
Explicó que una de las medidas para reducir posibles actos de discrecionalidad es la digitalización de los trámites de registro de proveedores, procedimiento que busca eliminar el contacto directo entre funcionarios y empresas.
Este mecanismo permite verificar que las compañías participantes acrediten capacidad técnica y financiera, además de cumplir con los requisitos legales para contratar con el Gobierno estatal.
A estas acciones se suma la intervención de los órganos internos de control en los procedimientos de licitación, con el propósito de vigilar su desarrollo y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
La administración estatal señaló que mantendrá las acciones de fiscalización y transparencia para prevenir actos de corrupción, proteger los recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas.
