- Reducción de penas y eliminación de denuncias por parte de funcionarios públicos entre los principales cambios.
Puebla, Pue.-Este jueves 10 de julio, el Congreso del Estado de Puebla votará una reforma al artículo 480 del Código Penal local, con la cual se realizan ajustes significativos a la recientemente aprobada Ley de Ciberasedio, en respuesta a cuestionamientos sociales y preocupaciones de organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
Entre los principales cambios destaca la reducción de la pena mínima de prisión, que pasa de 11 a 6 meses, manteniéndose la máxima en hasta tres años. Además, se elimina la posibilidad de que servidores públicos sean considerados víctimas de este delito, en un intento por frenar el uso político de esta figura legal y proteger el derecho a la crítica ciudadana.
La modificación al artículo 480 surge a raíz de observaciones importantes y que el Congreso del Estado no dejó de lado. Fue aprobada por mayoría el pasado 12 de junio, publicada el 13 y puesta en marcha el 14 de junio de 2025. Sin embargo, atendiendo a la escucha de los poblanos, se realizaron foros ciudadanos, mesas de diálogo y análisis por parte de colectivos y especialistas para mejorar la Ley que busca proteger a la infancia y a las personas víctimas de acoso en las redes sociales. Si bien no se relacionaba a la restricción de uso de redes sociales, ni a una limitación de la libertad de expresión, fue importante atender sugerencias, ajustes y modificaciones.
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Nueva definición del delito
Con la reforma, se redefine la conducta delictiva como una repetición planificada de actos digitales hostiles que generen daño psicológico o emocional. Asimismo, se establece que sólo podrá iniciarse una acción penal a solicitud de parte, es decir, si la víctima presenta denuncia formal, salvo en los casos en que se trate de menores de edad o personas incapaces, donde el proceso se activará de oficio.
Con estos ajustes, el Congreso busca equilibrar la protección contra el ciberacoso con el respeto a la libertad de expresión. Excluye a funcionarios públicos como posibles denunciantes responde precisamente a este principio, al considerar que su papel en la esfera pública debe incluir una mayor tolerancia al escrutinio ciudadano.
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