La Secretaría de Gobernación del estado de Puebla (Segob) que lidera Samuel Aguilar pala, hizo un llamado a los presidentes municipales cuyas demarcaciones colindan con la autopista México–Puebla a colaborar en la detección y clausura de accesos irregulares, utilizados frecuentemente para cometer robos y huir de las autoridades. Esta medida forma parte del plan nacional “Cero Robos”, implementado por el Gobierno de México con respaldo de la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
De acuerdo con datos oficiales, esta autopista concentra cerca del 29 % de los robos registrados en carreteras federales del país, principalmente en tramos ubicados en municipios como San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Esperanza y Río Frío. La existencia de al menos 38 accesos clandestinos ha sido identificada como un factor clave en el incremento de estos delitos.
Hasta ahora, dos de esos accesos han sido clausurados físicamente mediante zanjas y muros, y se espera que los 36 restantes sean cerrados en los próximos meses. Como parte del operativo de seguridad, se han desplegado más de 300 elementos, drones, torres de vigilancia y células de inteligencia para inhibir la comisión de delitos en esta vialidad de alto tránsito.
Además del cierre de accesos, el Gobierno federal contempla la instalación de 12 arcos tecnológicos con lectores de placas y sensores de velocidad, así como la modernización de infraestructura carretera y la construcción de paraderos seguros para transportistas, lo cual se ejecutará progresivamente entre 2025 y 2030.
La Segob estatal ha enfatizado la importancia del trabajo conjunto con los gobiernos municipales, no sólo para intervenir en los puntos de riesgo, sino también para evitar que la población sea afectada por medidas unilaterales, como cierres carreteros, sin agotar antes el diálogo. En ese sentido, han reiterado la necesidad de establecer mesas de trabajo y acciones consensuadas que permitan avanzar sin confrontaciones.
Este esfuerzo coordinado busca reducir la violencia y los índices delictivos en una de las rutas más importantes del país, al tiempo que refuerza el compromiso de los tres niveles de gobierno por garantizar seguridad y gobernabilidad en los territorios afectados.
