- Gobierno de Armenta implementa vigilancia forestal.
En Puebla, el 70 por ciento de los aserraderos opera de manera ilegal, reveló el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien advirtió que estas prácticas están contribuyendo a la depredación acelerada de bosques, en especial en zonas como La Malinche, que ya presentan signos de desertificación.
Durante una conferencia reciente, el mandatario estatal expuso que tras un diagnóstico estatal se detectó que la mayoría de estos centros de transformación de madera carece de permisos, controles ambientales y vigilancia adecuada. “Estamos en proceso de ordenar todos los aserraderos en Puebla, porque no podemos seguir permitiendo la tala clandestina que está acabando con nuestros ecosistemas”, afirmó.
Como parte de la estrategia, el gobierno ha implementado la creación de una Guardia Forestal y una Policía Ambiental, cuerpos especializados en la vigilancia, inspección y combate a incendios, plagas y robo de flora en coordinación con SEMARNAT y PROFEPA.
Asimismo, se anunció la creación de ecoparques en zonas prioritarias como Malintzi, Izta‑Popo y Citlaltépetl, donde además se desarrollarán tareas de reforestación y programas educativos para proteger la biodiversidad local. En 2025, se tiene previsto plantar más de 1.7 millones de árboles como parte de los esfuerzos de recuperación ecológica.
Armenta Mier aseguró que se dará un plazo a los propietarios de aserraderos para que regularicen su situación, o de lo contrario enfrentarán sanciones administrativas, clausuras y denuncias ante instancias federales. “La ley se va a aplicar parejo, no importa si es un pequeño aserradero o un gran negocio”, advirtió.
Además de esta problemática, el gobernador también alertó sobre otros delitos ambientales que afectan a la entidad, como el robo de magueyes, la presencia de tiraderos clandestinos en Áreas Naturales Protegidas y la provocación intencional de incendios forestales, por lo que pidió a la ciudadanía colaborar con denuncias anónimas.
Con estas acciones, el gobierno estatal busca consolidar a Puebla como una entidad verde y sustentable, donde se privilegie la protección ambiental sobre intereses económicos irregulares.
