El Congreso del Estado de Puebla ha iniciado el análisis de la iniciativa que busca reconocer el derecho de niñas, niños y adolescentes trans a adecuar sus actas de nacimiento conforme a su identidad de género autopercibida. La discusión marca un punto decisivo luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exigiera al Poder Legislativo local cumplir con estándares de protección a derechos humanos.
El tema no es nuevo para Puebla. Desde 2022, la SCJN determinó que impedir el cambio de acta de nacimiento a menores de edad resulta inconstitucional, lo que obligó al Congreso local a legislar en favor de un procedimiento administrativo accesible y sin juicios largos o discriminatorios.
A mediados de 2025, la Suprema Corte reiteró su orden y fijó un plazo de 20 días hábiles para cumplir con la reforma. El mandato incluye que el trámite se realice mediante un proceso sumario, enfocado en el interés superior de la niñez y en la protección de su derecho a la identidad.
Las propuestas que hoy se discuten plantean que menores puedan acceder a este reconocimiento legal incluso antes de los 18 años. Algunas iniciativas consideran como referencia los 13 años para comenzar el procedimiento, acompañado del respaldo de quienes ejercen la tutela.
El debate no se limita a un cambio administrativo. El avance de la reforma enfrenta resistencias de sectores conservadores que cuestionan la participación de menores en la construcción legal de su identidad. Aun así, legisladores y colectivos de derechos humanos recuerdan que se trata de cumplir con obligaciones constitucionales que colocan al centro el bienestar y dignidad de las infancias trans.
