- En rueda de prensa, informó que el operativo se realizó a las 6:00 horas del 2 de febrero para garantizar la estabilidad al interior del penal de San Miguel.
Irina Díaz
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, confirmó el “traslado de Javier López Zavala “ al penal del Altiplano en el Estado de México.
En rueda de prensa, informó que el operativo se realizó a las 6:00 horas del 2 de febrero para garantizar la estabilidad al interior del penal de San Miguel. Explicó que la solicitud de traslado se había generado desde meses atrás; sin embargo, el procedimiento se encontraba en proceso de litigio. Ante ello, se mantuvo la coordinación con instancias federales para concretar el movimiento conforme a los protocolos establecidos.
El traslado se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad, con pleno respeto a los derechos humanos y en coordinación con las autoridades federales como parte de la estrategia para preservar la estabilidad en los centros penitenciarios”, dijo.
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Javier Zavala fue sentenciado a 60 años de prisión:
Cabe recordar que Javier López Zavala fue sentenciado a 60 años de prisión por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón. El movimiento se realizó a petición de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y ocurre un mes después de que el Tribunal de Enjuiciamiento dictara la condena por su responsabilidad como autor intelectual del crimen cometido en mayo de 2022.
Sánchez González subrayó que el traslado se llevó a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad y con respeto pleno a los derechos humanos, además de formar parte de una estrategia integral orientada a preservar la estabilidad al interior del penal de San Miguel.
Asimismo, indicó que las imágenes presentadas públicamente corresponden al desarrollo del operativo, con lo que, dijo, se cumple con lo que previamente habían informado las autoridades de seguridad estatal respecto a la necesidad de este traslado para fortalecer el control y gobernabilidad dentro del sistema penitenciario.
Con esta medida, las autoridades buscan garantizar que el sentenciado no goce de beneficios indebidos y que el proceso de justicia por el feminicidio de Cecilia Monzón se mantenga bajo los estándares de rigor necesarios.
