La crisis política en Acatlán de Osorio, Puebla, se intensificó este domingo luego de que decenas de habitantes salieran a las calles para exigir la revocación de mandato de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas, tras la polémica generada por su reciente boda con su exsecretario de Seguridad Pública, Juan Alberto Domínguez López.
Habitantes de Acatlán se movilizan contra la presidenta municipal
Desde las 8:00 de la mañana, pobladores de la cabecera municipal y de comunidades cercanas iniciaron una marcha por las principales calles de Acatlán hasta llegar a la explanada Miguel Hidalgo, donde realizaron un mitin para expresar su inconformidad.
Durante la movilización, los manifestantes portaron pancartas y lanzaron consignas en contra de la edil. Además, participaron grupos tradicionales de Tecuanes y matachines, lo que dio un carácter simbólico y cultural a la protesta. La jornada concluyó sin incidentes mayores gracias al operativo de vigilancia implementado por la Policía Estatal.
La boda de la alcaldesa detonó el conflicto político
La inconformidad social escaló luego de que se diera a conocer que el pasado 23 de junio la alcaldesa viajó a Atlixco para contraer matrimonio con Juan Alberto Domínguez López, exsecretario de Seguridad Pública municipal.
De acuerdo con los inconformes, la presidenta municipal no informó públicamente si solicitó licencia para ausentarse de sus funciones y, presuntamente, continúa fuera del municipio por su luna de miel, situación que ha incrementado el malestar ciudadano.
La relación sentimental ya había provocado tensiones internas
La relación entre ambos funcionarios ya había generado controversia dentro del gobierno estatal. El 16 de abril, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez, reconoció públicamente que llamó la atención a Domínguez López para evitar que su relación personal afectara el desempeño de sus responsabilidades.
Posteriormente, el 15 de junio, el Cabildo sesionó en ausencia de Bárcenas y aprobó la destitución de Domínguez López y del secretario General, Álvaro Cruz Martínez.
Cabildo solicita revocación de mandato ante el Congreso
La tensión política aumentó cuando, el 19 de junio, regidores y el síndico formalizaron ante el Congreso local una solicitud de revocación de mandato contra la alcaldesa.
Entre los señalamientos destacan presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, falta de transparencia administrativa y cuestionamientos sobre su salario, estimado en 60 mil pesos netos mensuales, frente a los 6 mil 800 pesos que reciben integrantes del Cabildo.
Ese mismo contexto se agravó cuando la alcaldesa denunció amenazas atribuidas al grupo delictivo Los Rojos, a quienes señaló de intentar forzar su salida del cargo.
Gobernación y Auditoría Superior intervienen en el conflicto
Ante el escenario de ingobernabilidad, la Secretaría de Gobernación del estado instaló mesas de diálogo para intentar contener la crisis política y social.
Durante una reunión encabezada por el subsecretario Isauro Rendón Vargas y el director de Gobierno, Raúl Pineda Raygoza, el Cabildo acordó entregar documentación necesaria para una auditoría extraordinaria que la Auditoría Superior del Estado comenzará este 29 de junio.
Fiscalía también investiga la gestión municipal
Paralelamente, la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas investigaciones sobre la administración de Guadalupe Lucero Bárcenas, cuyo gobierno inició en 2024.
Sin embargo, la decisión final sobre una eventual revocación de mandato dependerá del Congreso de Puebla, el cual evaluará los resultados de las auditorías y las investigaciones en curso.
Los manifestantes advirtieron que mantendrán la presión hasta obtener respuestas concretas, al considerar que la ausencia de la alcaldesa profundiza la crisis de gobernabilidad en un municipio marcado por denuncias de corrupción, violencia e inestabilidad política.
