- El gobierno estatal busca impedir las comunicaciones clandestinas desde el penal mediante ocho equipos de bloqueo y una plataforma de monitoreo; el fallo de la licitación se dará a conocer el 26 de noviembre.
El gobierno de Puebla inició el proceso de contratación para adquirir e instalar ocho inhibidores de señal en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, con el propósito de impedir el uso irregular de teléfonos celulares al interior del penal y reducir las extorsiones que se cometen desde los centros penitenciarios.
La adquisición contempla también una plataforma de gestión y supervisión de los equipos, de acuerdo con la licitación pública GEP-SPFA-LPN-308-736/2026, publicada por la administración estatal.
El proyecto será financiado con recursos estatales y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Según el calendario establecido, el fallo para determinar a la empresa ganadora se dará a conocer el próximo 26 de noviembre.
Una vez asignado el contrato, el proveedor deberá completar la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los dispositivos a más tardar el 31 de diciembre de 2026.
Los inhibidores tienen como finalidad impedir que las personas privadas de la libertad utilicen teléfonos celulares para establecer comunicaciones no autorizadas con personas del exterior. Con ello, las autoridades buscan cerrar una de las vías utilizadas para realizar llamadas de extorsión desde las cárceles.
El proyecto no se limita a la colocación de los aparatos, pues también incluye un sistema para supervisar su funcionamiento y detectar posibles fallas. La plataforma permitirá al personal responsable consultar el estado de los equipos, recibir alertas y dar seguimiento a sus condiciones de operación.
Asimismo, los dispositivos estarán instalados en gabinetes de protección para evitar daños o manipulaciones. Estos deberán contar con condiciones que permitan mantener su funcionamiento ante factores ambientales y variaciones en el suministro eléctrico.
La contratación también establece que el proveedor tendrá que ofrecer capacitación especializada al personal encargado de operar el sistema. Este proceso tendrá una duración de cinco días, con el objetivo de que los responsables conozcan el funcionamiento de la plataforma y puedan atender las incidencias que se presenten.
Otro de los compromisos será garantizar el suministro de refacciones y mantenimiento directamente en las instalaciones durante un periodo de hasta cinco años.
La supervisión tecnológica será un componente adicional de la estrategia de seguridad penitenciaria, pues permitirá mantener vigilancia sobre el estado de los inhibidores y atender eventuales fallas sin depender únicamente de revisiones físicas.
Con esta contratación, el gobierno estatal busca reforzar los controles de comunicación dentro del Cereso de San Miguel y reducir las actividades ilícitas que pueden realizarse mediante dispositivos móviles desde el interior del centro penitenciario.
La puesta en marcha del sistema está prevista para antes de que concluya 2026, una vez que se resuelva el procedimiento de licitación y se cumplan las condiciones establecidas en el contrato.
