El proyecto fue impulsado durante el gobierno estatal del panista Rafael Moreno Valle y concesionado por el Ayuntamiento de José Juan Espinosa, entonces de Movimiento Ciudadano. Una década después, Pro-Faj enfrenta sanciones anunciadas por la autoridad ambiental y las comunidades mantienen la protesta por el saneamiento del predio.
La carretera Cholula–Huejotzingo volvió a convertirse en escenario del conflicto por el antiguo relleno intermunicipal. Desde el 4 de noviembre, habitantes de más de 20 comunidades bloquean la vialidad para exigir la extracción de lixiviados, el relleno de la excavación abierta en el predio y el retiro de la maquinaria de Pro-Faj Hidrolimpieza.
Los reportes registran el cierre a la altura del Cerrito de Guadalupe y la Calzada Guadalupe. Los representantes comunitarios anunciaron que permanecerían hasta la reunión prevista para el martes 10 de noviembre, mientras el Ayuntamiento de San Pedro Cholula pidió liberar el paso por las afectaciones a quienes utilizan diariamente la carretera.
El origen del proyecto y la firma de MC
El contrato de disposición final de residuos fue suscrito el 25 de febrero de 2016 entre San Pedro Cholula y Pro-Faj. La concesión estableció un plazo de 30 años, contado a partir del otorgamiento de garantías, con posibilidad de prórroga conforme al propio documento.
El presidente municipal que encabezaba el Ayuntamiento era José Juan Espinosa Torres, militante de Movimiento Ciudadano al momento de la firma.
La puesta en marcha de la planta procesadora se realizó el 23 de febrero de 2016 con la participación del gobernador Rafael Moreno Valle y del entonces titular federal de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano. El proyecto fue presentado como un relleno seco para recibir residuos de municipios de la región. Durante la inauguración, vecinos de Calpan protestaron por los posibles efectos sobre su territorio.
En enero de 2017, alcaldes de la zona ya denunciaban fallas en las bandas de separación y cuestionaban el costo del servicio. La promesa tecnológica comenzó a enfrentar señalamientos apenas un año después de su inauguración.
La relación de Pro-Faj con administraciones panistas también incluyó una concesión de recolección y transporte de residuos en San Andrés Cholula durante el gobierno de Leoncio Paisano, en 2017. Esa concesión fue revocada en 2019; correspondía a un servicio municipal distinto del contrato de disposición final de San Pedro.
De la clausura a los procedimientos administrativos
La Profepa impuso una clausura temporal el 9 de abril de 2024 y la levantó el 30 de ese mes, después de que la operadora presentó evidencias de cumplimiento. En agosto decretó la clausura definitiva por incumplimientos de medidas correctivas y porque el relleno no contaba con manifestación de impacto ambiental desde 2021.
El cierre no terminó con las obligaciones de saneamiento. Los representantes comunitarios denunciaron que el plazo de seis meses acordado en marzo de 2026 para atender la excavación venció sin que los trabajos quedaran concluidos.
El 6 de noviembre, la Secretaría de Medio Ambiente estatal informó que inició y resolvió cinco procedimientos administrativos que determinaron responsabilidad de Pro-Faj. Anunció sanciones económicas, cuyos montos no habían sido publicados al cierre de esta edición, y reiteró que la empresa debe restaurar el terreno a las condiciones anteriores a las obras de ampliación.
Maquinaria en el predio y protesta en la carretera
El gobierno estatal y el Ayuntamiento reportaron el inicio de trabajos con maquinaria para atender la excavación y extraer líquidos acumulados. La administración municipal informó que las labores de relleno, acomodo y compactación de materiales se prolongarían varias semanas.
El subsecretario de Desarrollo Político, Rodolfo Huerta, también anunció que el retiro de la máquina recicladora comenzaría la semana siguiente. Las comunidades mantuvieron el bloqueo al considerar insuficientes los compromisos y exigir el cumplimiento de los acuerdos de saneamiento.
El origen de la concesión corresponde a una administración estatal del PAN y a un Ayuntamiento encabezado por un alcalde de MC. La responsabilidad administrativa anunciada en noviembre recae en la empresa operadora. En el predio clausurado siguen concentradas las consecuencias de una solución de largo plazo que dejó a las comunidades enfrentadas con el manejo de sus residuos.
