La administración del presidente municipal Roberto Solís Valles atraviesa una creciente crisis de credibilidad y descontento social, luego de que se dieran a conocer múltiples señalamientos por negligencia, uso político de programas sociales, aumento de la delincuencia e irregularidades en la operación del gobierno local.
A pesar de que el edil llegó al poder con el discurso de combatir la corrupción y “rescatar” al municipio de malas prácticas, la realidad que viven los habitantes de Huejotzingo ha encendido alarmas: la violencia va en aumento, los servicios públicos se degradan y persiste un trato opaco hacia los recursos públicos.
Durante los primeros meses de 2025, la incidencia delictiva aumentó 11.6 %, con un preocupante repunte en casos de violación, narcomenudeo (400 % más) y robo de motocicletas (incremento del 111 %). Aunque la administración asegura que trabaja por la paz, los datos contradicen el discurso oficial.
Vecinos de la zona universitaria han denunciado que, pese a reiteradas solicitudes, el alcalde se ha negado a clausurar bares que operan sin permisos cerca de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, permitiendo la venta de alcohol incluso a menores de edad. Las quejas ciudadanas han sido ignoradas, generando un clima de frustración e impunidad.
Manipulación de programas sociales
A través de audios difundidos en redes sociales, ciudadanos exhibieron que operadores del gobierno municipal exigen credenciales de elector, CURP y comprobantes de domicilio a los beneficiarios de apoyos sociales para usarlos con fines clientelares. Incluso se les advierte que perderán los apoyos si no participan en reuniones proselitistas con el presidente municipal.
Estas prácticas, propias de administraciones corruptas, contradicen los principios de imparcialidad y equidad que Solís Valles prometió defender.
En julio de 2023, cuando aún no era alcalde, Roberto Solís fue grabado intimidando a policías municipales que detuvieron a personas por pintar bardas a favor de su entonces candidato presidencial. Una agente resultó lesionada en el altercado, sin que el ahora edil ofreciera disculpas públicas. Estos hechos alimentan la percepción de autoritarismo e impunidad.
El gobierno de Solís Valles ha señalado un presunto daño patrimonial de más de 70 millones de pesos por parte de su antecesora, Angélica Alvarado Juárez, además de un adeudo de 8 millones de pesos al SAT y 41 demandas laborales heredadas. Sin embargo, no ha transparentado cómo se enfrentará esta situación ni ha ofrecido soluciones reales a la ciudadanía.
Además, se ha señalado que el presidente municipal continúa una política de presión hacia medios de comunicación locales, buscando silenciar críticas y controlar la narrativa pública de su administración.
