El Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros destinó 863 mil 235 pesos de recursos públicos a la contratación de servicios de transmisión y difusión del quehacer gubernamental en solo 75 días, del 17 de octubre al 31 de diciembre de 2024. La información, obtenida de dictámenes de adjudicación directa localizados en la Plataforma Nacional de Transparencia, vuelve a encender el debate sobre el uso discrecional de la publicidad oficial en municipios con profundas carencias sociales.
Los contratos fueron avalados por el Comité de Adquisiciones municipal, bajo el argumento de cumplir con la Ley General de Comunicación Social y diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones estatal y municipal. Sin embargo, el cumplimiento formal de la ley no equivale necesariamente a un ejercicio responsable del gasto público. La legalidad administrativa no sustituye la obligación de justificar la necesidad, proporcionalidad e impacto social de una erogación de este tamaño y en un lapso tan corto.
El contexto político vuelve el gasto aún más polémico. El presidente municipal, Eliseo Morales Rosales, ha denunciado públicamente la existencia de una supuesta campaña de desprestigio en su contra, señalando a medios y páginas digitales críticas, cuyos responsables —afirma— no han sido identificados. No obstante, mientras se desacredita la crítica, los registros oficiales confirman que su administración pagó difusión institucional con recursos públicos, sin evidencia documental de criterios técnicos que expliquen por qué era indispensable gastar casi un millón de pesos en ese periodo.
Más preocupante es que varios pagos se realizaron a personas sin formación profesional en comunicación o periodismo, ni representación de medios formalmente constituidos. Esto plantea dudas no solo sobre la calidad del servicio contratado, sino sobre los mecanismos de selección y el posible uso político de la comunicación social.
En un municipio con necesidades urgentes en infraestructura, seguridad y atención social, este gasto transmite un mensaje claro: la prioridad parece ser el control de la narrativa, no la solución de los problemas. Sin transparencia ni rendición de cuentas, la difusión oficial deja de ser información pública y se convierte en propaganda financiada con dinero de todos.
