Ciudad de México.— Tres meses después del atentado que costó la vida a Ximena Guzmán Cuevas, secretaria particular de la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, y a José “Pepe” Muñoz Vega, coordinador de asesores, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la detención de 13 personas presuntamente involucradas en el crimen.
El doble homicidio, ocurrido el 20 de mayo de 2025 sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Xola, se convirtió en un golpe político y de seguridad que colocó en la mira al nuevo gobierno capitalino, apenas en su arranque. El ataque, ejecutado con precisión quirúrgica, evidenció una planeación detallada que incluyó vehículos robados, vigilancia previa de más de 20 días y logística para evitar dejar huellas.
El anuncio de las detenciones se realizó el pasado 20 de agosto, en voz de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien destacó la coordinación interinstitucional con dependencias federales como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Sedena y la Marina, además de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la FGJ de la capital.
De acuerdo con los avances de la investigación, se llevaron a cabo 11 cateos simultáneos en la Ciudad de México y el Estado de México, particularmente en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco, así como en los municipios de Coacalco y Otumba. En esos operativos se aseguraron cinco vehículos utilizados en el ataque y diversa evidencia que apunta a una planeación criminal compleja.
La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, explicó que las primeras vigilancias contra Guzmán y Muñoz se detectaron semanas antes del atentado, lo que refuerza la hipótesis de una operación meticulosamente orquestada.
De los 13 detenidos, tres estarían directamente relacionados con el homicidio, mientras que el resto habrían participado en la logística: obtención de autos, vigilancia y apoyo durante el ataque. No obstante, las autoridades confirmaron que el autor material, es decir, el tirador, continúa prófugo.
El Gobierno capitalino subrayó que la investigación sigue abierta y que no se descartan móviles políticos, personales o vinculados a grupos delictivos, aunque hasta el momento no se ha revelado una línea clara.
El asesinato de dos figuras clave del gabinete de Clara Brugada representó un golpe directo a la gobernabilidad en la Ciudad de México, al tratarse de funcionarios de confianza en la estructura política de la mandataria. El crimen no solo generó indignación social, sino también presiones al aparato de seguridad capitalino, encabezado por Omar García Harfuch.
Analistas consideran que, más allá de las detenciones, el caso se ha convertido en una prueba de fuego para la administración de Brugada, que busca demostrar firmeza y capacidad de respuesta frente a la violencia en la capital.
