- A once años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el caso continúa marcado por impunidad, protestas y reclamos sociales.
La noche del 26 de septiembre de 2014 quedó marcada en la memoria colectiva como una de las más oscuras en la historia reciente de México. Aquella jornada, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero, tras una serie de ataques perpetrados por policías municipales coludidos con el crimen organizado, en un episodio que dejó además nueve personas asesinadas y decenas de heridos.
Hoy, 26 de septiembre de 2025, se cumplen 11 años de aquella desaparición forzada, considerada por organismos nacionales e internacionales como un crimen de Estado, con participación y encubrimiento de autoridades en distintos niveles.
Este aniversario no llega en silencio. Miles de personas, entre familias, estudiantes, colectivos y organizaciones sociales, se movilizarán en la Marcha Nacional “Ayotzinapa Once Años”, que partiórá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México bajo la consigna: “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Un caso que sigue sin cerrarse
En estos once años, la llamada “verdad histórica” construida por el gobierno en 2015 —que sostenía que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula— ha sido desmentida por expertos forenses y organismos internacionales. Hoy, esa versión se considera parte de un montaje oficial que buscó encubrir responsabilidades.
Aunque algunos restos han sido identificados en los últimos años, el paradero de la mayoría de los estudiantes sigue siendo desconocido. Y con ello, la herida sigue abierta.
En 2025, nuevos episodios evidencian los obstáculos persistentes:
La Suprema Corte de Justicia ordenó en junio la publicación parcial del expediente del caso, un paso hacia la transparencia.
En mayo fue detenida una exmagistrada de Guerrero, acusada de destruir evidencia clave.
El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue sentenciado a 20 años de prisión, aunque absuelto en el caso Ayotzinapa por falta de pruebas.
El abogado de las familias, Vidulfo Rosales, dejó la representación tras ser nombrado ministro de la Corte, generando un reacomodo en la defensa.
El principal reclamo de las familias es claro: once años sin justicia es impunidad. Denuncian la destrucción de pruebas, la resistencia de instituciones militares y la falta de sanciones a responsables de alto nivel.
Las organizaciones de derechos humanos recuerdan que el caso Ayotzinapa no es un hecho aislado, sino parte de una crisis nacional de desapariciones forzadas que ya supera las 100 mil personas en México.
La memoria de los 43 normalistas está presente en murales, marchas, foros académicos y en la agenda de organismos internacionales que mantienen la presión sobre el Estado mexicano.
